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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, habló sobre el SAT deja sin donativos a más de 100 organizaciones civiles en México.
La libertad de asociación y el trabajo de la sociedad organizada enfrentan un panorama crítico en México. María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dejado sin la posibilidad de recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles. Según Casar, esta cifra se queda corta frente a la realidad, pues estima que más de 250 agrupaciones han perdido su registro como donatarias autorizadas, lo que representa un golpe directo a su supervivencia financiera y operativa en el país.
Una estrategia de "estrangulamiento" hormiga
Para la académica y activista, la pérdida masiva de registros no es una coincidencia administrativa, sino una táctica deliberada para debilitar la crítica y la vigilancia ciudadana. Casar señaló que el Gobierno ha optado por un camino menos público para evitar el costo político de una reforma legal restrictiva, actuando de forma individual contra cada una de las organizaciones civiles.
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"Es la vía que ha encontrado el Gobierno Mexicano para, sin meterse en un debate público... lo están haciendo como que una por una. Entonces, pues no hacemos acción colectiva, no nos defendemos de manera colectiva", explicó Casar durante la entrevista.
Impacto en donantes y pérdida de patrimonio
La revocación del estatus de donataria no solo afecta la reputación de las organizaciones civiles, sino que bloquea la entrada de recursos de empresarios y ciudadanos que requieren recibos de deducibilidad. Casar destacó que muchos donantes tienen por estatutos la prohibición de entregar fondos a entidades que no cuenten con el aval del SAT.
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Además, la ley impone condiciones severas: si una organización no recupera su registro en los plazos establecidos, se ve obligada a transferir todo su patrimonio (inmuebles, cuentas y activos) a otra donataria autorizada.
"La ley te da un año en principio y después seis meses para que tu patrimonio lo entregues a otra donataria autorizada... patrimonio, inmuebles, cuentas, todo. Realmente estamos en una situación muy apretada", advirtió la presidenta de MCCI.
Discrecionalidad y falta de interlocución
Casar denunció que los requisitos se han endurecido de forma discrecional, citando casos donde errores administrativos de la propia función pública —como la transición de instituciones como el Conacyt— son utilizados como pretexto para retirar folios a las organizaciones civiles. A diferencia de administraciones pasadas, la activista lamentó que actualmente existe un cierre total al diálogo con las autoridades.
"Con los gobiernos anteriores... ibas, tenías interlocución, hacías propuestas, te escuchaban. Ahora no hay... se ha intentado y no ha habido ninguna interlocución con el gobierno. Puerta cerrada".
El futuro de la sociedad organizada
El panorama para las organizaciones civiles dedicadas a temas de seguridad, justicia, transparencia y medio ambiente sigue siendo incierto. Mientras organizaciones como el IMCO, Causa en Común y México Evalúa enfrentan retos similares, la resistencia se mantiene a través de la denuncia en plataformas sociales, a la espera de que el SAT resuelva los procesos de recuperación que, en casos como el de MCCI, se han extendido por más de un año. El debilitamiento de estas organizaciones civiles pone en riesgo el equilibrio democrático y la fiscalización del poder en México.