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En entrevista con Juan Manuel Jiménez, para MVS Noticias, platicamos con Vanessa Romero, abogada y analista política, sobre la aprobación en el Senado de la reforma que busca poner fin a las pensiones doradas. Romero destacó que esta modificación al artículo 127 constitucional tiene como objetivo eliminar los privilegios de la llamada "burocracia dorada" del sector público, un tema que ha avanzado en el legislativo pese al ruido generado por otras reformas.
Una brecha de desigualdad insostenible
La analista compartió cifras que dimensionan la magnitud de la asimetría en el sistema actual: mientras un trabajador mexicano promedio jubilado recibe aproximadamente 7 mil pesos mensuales, algunos exfuncionarios del Estado perciben hasta un millón de pesos al mes. Se estima que este universo de las pensiones doradas abarca a cerca de 36 mil personas, provenientes principalmente de organismos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Foto: Cuartoscuro
Vanessa Romero explicó que el costo de mantener estas jubilaciones millonarias para ese grupo de exfuncionarios representa un "boquete" financiero masivo. Con los recursos que hoy se destinan a esas 36 mil personas, el Estado podría pagar las pensiones promedio de 630 mil mexicanos.
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El debate legal: ¿Derechos adquiridos o Reforma Constitucional?
Ante los argumentos de los afectados sobre la supuesta violación al artículo 14 constitucional —que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de las personas—, Romero aclaró la validez jurídica de la medida.
Explicó que, si bien el artículo 14 limita a las leyes ordinarias, esta iniciativa es una reforma constitucional emanada de la Carta Magna, la cual no tiene naturaleza de ley ordinaria y, por tanto, puede establecer estas nuevas condiciones de manera legítima.
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Austeridad y el camino hacia la Cámara de Diputados
Para la abogada, el fin de las pensiones doradas se conecta directamente con el "centro neurálgico" de la agenda presidencial: la austeridad y el mejor uso del recurso público. Tras su paso por el Senado, se espera que la iniciativa sea ratificada en la Cámara de Diputados sin contratiempos, integrándose a una narrativa de combate a la corrupción y ahorro presupuestal. Según concluyó en el espacio de Juan Manuel Jiménez, esta reforma busca que el dinero del Estado rinda más allá de los privilegios de unos cuantos.