Por unanimidad, en lo general, el Senado de la República avaló la reforma que pone fin a las “pensiones doradas” de altos funcionarios y ex funcionarios de organismos públicos, como PEMEX y la CFE.
Con 116 votos a favor, la Cámara Alta aprobó establecer un límite de 70 mil pesos mensuales a las pensiones de los funcionarios y ex funcionarios, lo equivalente al 50 por ciento del salario de la presidenta de la República.
De igual forma, el dictamen aprobado establece que no se aplicará la retroactividad a los pagos, aunque los montos de las pensiones se ajustarán a partir de la entrada en vigor de la reforma, exceptuando a las Fuerzas Armadas, trabajadores de base y sindicalizados.
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A pesar de que la reforma fue aprobada por unanimidad, senadores de oposición cuestionaron la decisión de topar las pensiones a partir del sueldo de la presidenta de la República.
El senador por el PAN, Máximo García López, indicó que el salario no es una referencia técnica estable y puede modificarse incluso por decisiones políticas, por lo que, dijo, no es la mejor forma de establecer un límite.
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En tanto, la senadora por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, cuestionó que la reforma deje fuera a las Fuerzas Armadas y particularmente al Poder Judicial, a pesar de que ha sido oneroso para el Estado.
Finalmente, la senadora por el PRI, Carolina Viggiano, advirtió que esta reforma sólo será usada como propaganda por el gobierno federal, pero también para cobrar traiciones políticas.
El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados, donde aún deberá recibir el aval correspondiente.