Con un cierre de sexenio que registra 194 mil 847 homicidios dolosos en México, del 1 de diciembre de 2018 al 17 de agosto de 2024, (de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), arrancó la cuenta regresiva para consumar la desaparición de poderes en México.
Morena presentó el dictamen de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. El segundo piso de la #4Transformación se estrenará aprobando el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que los cambios al sistema judicial buscan responder al reclamo del pueblo. ¡Ajá!
Como lo anticipamos, los foros organizados por la Cámara de Diputados resultaron una simulación. La propuesta pretende eliminar los equilibrios y contrapesos necesarios para garantizar una justicia imparcial y objetiva. Esta reforma podría romper el equilibrio entre los poderes y afectar profundamente la independencia judicial.
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Prueba de ello, la elección de todos los jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por voto popular, un cambio que la oposición y expertos han dicho que socavará la independencia judicial y la democracia mexicana, por la selección de candidatos sin la debida experiencia y criterio legal.
“Elegir a jueces por voto popular es un retroceso brutal. La justicia no puede ser sometida a una elección basada en popularidad, especialmente cuando está en juego la vida y el futuro de las personas”, ha dicho, Claudia de Buen, ex presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
Y qué decir del chantaje que pretenden aplicar los legisladores de Morena y sus aliados, encabezados por su coordinador Ignacio Mier, a los ministros de la SCJN. Les “proponen” a 10 de los 11 ministros en funciones, conservar su haber de retiro vitalicio si renuncian antes del 31 de agosto de 2025, incluso si participan y pierden en la elección de junio de ese año, respaldando un proyecto con el que la mayoría de ellos no está de acuerdo.
Una ocurrencia que podría afectar gravemente la operatividad de la SCJN, dependiendo del número de Ministros que decidan acogerse a la oferta, ya que enfrentaría una parálisis si no se mantienen en su puesto al menos siete Ministros para que el Pleno funcione, o cuatro por Sala, hasta la llegada de los nuevos miembros el 1 de septiembre de 2025.
Dicen los diputados de Morena y sus aliados que el dictamen de la reforma al Poder Judicial, incluye más de 100 cambios, con respecto a la iniciativa enviada por el presidente López Obrador. Aunque todos saben que no es cierto y acatarán el mandamiento Lópezobradorista: "sin mover una coma", bajo el mandamiento de la “Lealtad ciega”, a fin de cumplir con el plan de concentrar el poder y cobrar viejos agravios a la presidenta de la SCJN, Norma Piña.
Sí, la premura con la que se está impulsando la reforma, está motivada por intereses personales y no por el bienestar del país. Recordemos que, al presidente López Obrador no le gustan los contrapesos. Hace poco reiteró que su autoridad “moral” está por encima de la ley.
Quizá por ello, en la reforma enviada al Congreso se contempla crear un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros.
Las modificaciones al Artículo 17 de la Constitución, destacan que “con la creación del Tribunal de Disciplina que se integrará por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional se podrán iniciar investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y sancionar”.
Sin duda, una medida confusa, dudosa y controvertida de la reforma al Poder Judicial pues al igual que los candidatos a jueces y magistrados compromete a sus vigilantes con aquellos que los impulsen y apoyen para obtener el cargo, incluido el crimen organizado que tendrá manga ancha para imponer juzgadores y supervisores a modo.
Un riesgo al que no deben exponer a los impartidores de justicia, si se considera que el 77% de los mexicanos cree que el esclarecimiento de los delitos está condicionado a la capacidad de ejercer presión política o mediática.
Así las cosas, si bien hace falta una reforma al sistema de justicia, ésta no debería pasar por criterios de venganza y caprichos personales, sobre todo cuando el rezago en la procuración e impartición de justicia en México es una añeja deuda del gobierno cobijada por el manto de la impunidad y que a diario suma cientos de muertos, desaparecidos, feminicidios y un largo etcétera que exige certeza jurídica y un Estado de Derecho sólido que respete la división de poderes.
Vericuentos
INE - Sobrerrepresentación
Ya que hablamos de caprichos, el 21 de agosto sesionará la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para elaborar el proyecto de acuerdo de asignación de diputaciones y senadurías de Representación Proporcional, que deberá aprobarse el viernes 23 en Consejo General. Llegó la hora de la polémica sobrerrepresentación legislativa. ¿Se atreverán los consejeros a aplicar la ley para preservar los equilibrios democráticos entre los poderes de la unión? ¡Tómala!
@guillegomora