Una propuesta legislativa presentada en el Congreso de Nuevo León busca modificar el procedimiento aplicado durante los operativos antialcohol para impedir que los vehículos asegurados sean enviados automáticamente al corralón cuando exista una persona autorizada que pueda hacerse cargo de la unidad.
La iniciativa fue promovida por el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño Cantú, quien planteó reformas a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial con el objetivo de evitar que las familias enfrenten costos adicionales por concepto de arrastre y almacenamiento de vehículos.
De acuerdo con el legislador, la medida no busca reducir las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, sino modificar un procedimiento administrativo que, a su juicio, deja de tener justificación una vez que la autoridad ha retirado de circulación al conductor infractor.
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"Los operativos antialcohol cumplen una función fundamental para proteger vidas y prevenir accidentes; sin embargo, una vez eliminado el riesgo de que la persona continúe conduciendo, no debería generarse una carga económica adicional para las familias", argumentó.
La propuesta se basa en criterios judiciales
La reforma plantea modificaciones al artículo 68 Bis 1 de la legislación estatal para permitir que una tercera persona, previamente autorizada y con licencia vigente, pueda retirar el vehículo del lugar del operativo, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades municipales.
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Treviño Cantú explicó que la iniciativa retoma criterios emitidos por el Poder Judicial Federal, donde se establece una diferencia entre la sanción impuesta al conductor y la retención del vehículo.
Según dichos criterios, la función preventiva de asegurar la unidad pierde razón de ser cuando desaparece el riesgo de que el infractor continúe manejando en estado inconveniente.
El legislador señaló además que algunos municipios del área metropolitana de Monterrey, como Apodaca y San Pedro Garza García, ya cuentan con mecanismos similares, por lo que consideró viable extender este modelo al resto de la entidad mediante una regulación homogénea.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y discusión, donde diputados evaluarán sus posibles implicaciones en materia de seguridad vial, movilidad y procedimientos administrativos.
De ser aprobada, la reforma podría modificar la manera en que se aplican los operativos antialcohol en Nuevo León y abrir el debate sobre esquemas similares en otras entidades del país.