La situación jurídica del propietario de una tienda de abarrotes donde murieron dos presuntos asaltantes y su hijo continúa bajo análisis por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que busca determinar si su actuación puede ser considerada como legítima defensa.
El fiscal general, Javier Flores Saldívar, informó que el caso permanece en investigación y que actualmente se encuentra en una etapa clave para definir si el comerciante actuó dentro de los límites que marca la ley.
La legítima defensa será determinante
De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público analiza diversos elementos para establecer si existía una agresión real, actual e inminente contra el propietario o su hijo al momento de los disparos.
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Entre las pruebas que revisan los investigadores destacan las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, entrevistas con testigos y los indicios recabados durante las diligencias realizadas en el lugar.
"Es un asunto que se encuentra en los límites de la legalidad", reconoció el fiscal al referirse a la complejidad jurídica del caso.
¿Qué ocurrió durante el presunto asalto?
Según las investigaciones preliminares, dos hombres ingresaron al negocio ubicado en la colonia CROC, al norte de Monterrey, presuntamente con la intención de cometer un robo.
Las indagatorias señalan que los sospechosos habrían sometido y golpeado al hijo del propietario mientras lo amenazaban con un arma de fuego para exigir dinero.
El dueño del establecimiento declaró que al percatarse de la situación tomó un revólver de su propiedad y realizó varios disparos contra los presuntos agresores.
Como resultado del enfrentamiento, uno de los sospechosos murió en el lugar y otro falleció posteriormente en un hospital. Además, el hijo del comerciante perdió la vida debido a las lesiones sufridas durante el hecho.
¿Podría quedar libre?
Para acreditar la legítima defensa generalmente se deben analizar factores como:
- La existencia de una agresión ilegítima.
- Que la respuesta haya sido necesaria para repeler el ataque.
- Que no existiera provocación suficiente por parte de quien se defiende.
Sin embargo, será la evidencia técnica, los videos de vigilancia y los testimonios los que determinarán si la actuación del comerciante encuadra dentro de esa figura jurídica.
Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y cuenta con un plazo legal para concluir las diligencias iniciales y definir la situación jurídica del propietario de la tienda.