En un contexto de cambios legales en materia de transparencia a nivel federal, el municipio de Juárez decidió llevar su controversia con el organismo estatal hasta la máxima instancia judicial del país.
El alcalde Félix Arratia Cruz informó que su gobierno promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se revise la legalidad de diversas multas y requerimientos emitidos por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL) .
Reformas federales sin armonización local
La acción legal presentada por el municipio de Juárez se fundamenta en los recientes cambios al marco jurídico nacional en materia de transparencia.
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En diciembre de 2024 se publicó una reforma constitucional federal, complementada en marzo de 2025 por una nueva Ley General, que modificaron el diseño institucional del sistema nacional de acceso a la información y ordenaron a las entidades federativas armonizar su marco jurídico, lo que implicaba la extinción y reestructuración de los organismos garantes locales.
De acuerdo con el gobierno municipal, mientras no exista una armonización legislativa concluida por parte del Congreso del Estado de Nuevo León, persiste un escenario de incertidumbre jurídica sobre el alcance real de las facultades del INFONL, toda vez que por mandato constitucional se ordenó su extinción.
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"No estamos contra la transparencia"
En un comunicado oficial, el edil fue enfático al señalar que el municipio no busca evadir sus obligaciones en materia de transparencia, sino que exige que estas se apliquen con certeza legal y respeto a la autonomía municipal.
"En Juárez no estamos en contra de la transparencia; estamos a favor de que se aplique con legalidad, certeza y sin sesgos. La ley debe ser clara para todos y no puede prestarse a interpretaciones que vulneren la autonomía municipal", afirmó Arratia .
El Ayuntamiento argumenta que la continuidad de multas y medidas de apremio, en medio de un proceso de adecuación constitucional inconcluso, podría carecer de sustento plenamente actualizado y afectar la esfera de autonomía que el artículo 115 de la Constitución reconoce a los municipios .
Impacto en la hacienda pública municipal
Aunque las sanciones fueron dirigidas formalmente a una funcionaria municipal, el gobierno de Juárez sostiene que sus efectos impactan directamente en la operación institucional y en la hacienda pública local, comprometiendo recursos que deben destinarse a resolver las necesidades más urgentes de la población.
Arratia Cruz planteó que es momento de revisar a fondo la permanencia y el funcionamiento del organismo estatal, y cuestionó el destino de los recursos públicos.
"Juárez necesita inversiones que transformen la vida de nuestra gente. Cada peso debe traducirse en obras y servicios, no en burocracia excesiva. Si esos recursos se destinaran, por ejemplo, a la construcción de un nuevo hospital para nuestras familias, el impacto sería inmediato y tangible", subrayó .
Lo que se solicita a la Corte
En la controversia constitucional promovida ante la SCJN, el municipio solicita que el máximo tribunal:
- Analice la constitucionalidad de los actos impugnados (multas y requerimientos del INFONL).
- Determine si existe una omisión legislativa por parte del Congreso local al no armonizar el marco jurídico estatal con las reformas federales.
- En su caso, invalide las multas cuestionadas.
- Se conceda la suspensión de los actos para evitar afectaciones económicas y administrativas mientras se resuelve el fondo del asunto .
Con esta acción, el Gobierno Municipal de Juárez refrenda su postura: defender la autonomía municipal, exigir reglas claras y garantizar que los recursos públicos se utilicen donde más se necesitan, en beneficio directo de las y los juarenses.