NUEVO LEÓN

Difieren Fuerza Civil y Movilidad de Monterrey por reapertura de carril en Morones Prieto

Autoridades estatales y municipales protagonizaron un desacuerdo por la reapertura de un carril exprés en la avenida Morones Prieto.

Créditos: Alma Torres
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Un desacuerdo entre autoridades del Gobierno de Nuevo León y el municipio de Monterrey se registró este jueves en la avenida Morones Prieto, luego de que ambas instancias tomaran decisiones distintas respecto a la reapertura de un carril exprés que permanece cerrado en la zona.

La situación ocurrió en el tramo ubicado a la altura de la colonia Loma Larga, donde uno de los carriles se mantiene restringido a la circulación, lo que ha generado afectaciones para cientos de automovilistas que diariamente utilizan esta vía.

De acuerdo con información dada a conocer, autoridades estatales ordenaron la reapertura del carril exprés, por lo que al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil con el objetivo de retirar el cierre y permitir nuevamente el paso de vehículos.

Sin embargo, minutos después de la intervención estatal, personal de Movilidad del municipio de Monterrey volvió a colocar las restricciones en el carril, manteniendo la circulación bloqueada en ese punto de la avenida.

Municipio argumenta riesgos de seguridad

El municipio de Monterrey había señalado que la decisión de mantener cerrado el carril responde a recomendaciones de seguridad, ya que existe riesgo debido a daños detectados en la carpeta asfáltica. Dichas afectaciones habrían sido provocadas por un derrumbe registrado en la zona.

Luego de unos minutos de diálogo, Movilidad de Monterrey desacató la orden estatal y mantuvo el cierre vial. 

Este incidente, se suma a una serie de incidentes relacionados con la administración del municipio, siendo el más reciente, el caso de la ahora ex secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey Karina "N", actualmente recluida en prisión por su presunta participación en los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Otro caso relacionado al municipio fue el de Next Energy, donde el alcalde Adrián de la Garza fuera señalado de presuntamente iniciar una "gran simulación" durante su administración anterior al firmar en 2020, un contrato cuestionado por 7 mil 370 millones de pesos a 30 años por una planta fotovoltaica que no se construyó.