Este jueves, Movimiento Ciudadano (MC) presentó una solicitud a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para investigar los presuntos actos de lavado de dinero y delitos fiscales relacionados con el sistema de “moches” que supuestamente se realizaban durante la gestión de Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey.
En una conferencia de prensa el martes, MC reveló videos en los que ellos muestran a funcionarios de la administración municipal de De la Garza recibiendo sobres en sus oficinas.
Miguel Alfonso Meza, experto en temas anticorrupción, señaló que, además del presunto delito de soborno, los funcionarios del exalcalde, quien ahora es candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León a la alcaldía de Monterrey, podrían haber incurrido en lavado de dinero y delitos fiscales.
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“Acabamos de solicitarle a la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, que investigue a los funcionarios corruptos de Adrián de la Garza, que tenían un sistema de moches para otorgar permisos de construcción o para levantar suspensiones de edificios peligrosos”, señaló.
Meza destacó que le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar el destino y uso del dinero proveniente de estos presuntos sobornos. También instó a investigar a los superiores que no aparecen en los videos y que podrían haberse beneficiado de este supuesto sistema de sobornos.
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“A dónde se lo llevaron, qué se compraron con él, qué financiaron y también demostrar si este dinero ilícito le entró directamente a las cuentas bancarias de los jefes de este sistema corrupto que eran Roque Yáñez, Secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey y por otro lado Adrián de la Garza”
“Y también, hay que recordarlo, estaba involucrado Genaro García de la Garza, la mano derecha de Adrián De la Garza, él era el Secretario del Ayuntamiento cuando se recibieron estos moches y por otro lado era inversionista de Vía Zócalo”, añadió.
MC también señaló como parte de las presuntas irregularidades presentadas esta semana los permisos supuestamente ilegales otorgados por la administración de Adalberto Madero para el Casino Royale, donde ocurrió un incendio que cobró la vida de 53 personas en un atentado.