La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió cinco recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Agencia de Administración Penitenciaria.
La presidenta del Organismo, Olga Susana Méndez Arellano dijo que en el primer caso ocurrió en mayo de 2020 en la colonia El Cuadro en el municipio de Salinas Victoria en donde un menor de 15 años, perdió la vida por un impacto en la cabeza provocado por el arma de fuego de un policía estatal, después de haber cometido una infracción de tránsito.
Otras de las violaciones fueron además que no se solicitó el apoyo de una ambulancia y se alteró la escena del crrimen, se completaron armas y evidencias.
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"Son hechos terrible. Es una de las situaciones en donde los elementos policiales alteran la escena del crimen, se retiraron del lugar, se llevaron las armas del reporte que eran indispensables, que se conservaban en el lugar en que acontecieron los hechos habían señalado que se había llevado a cabo una persecución, una persecución en la que los niños habían renunciado por el lado izquierdo, que estuvieron a punto de impacto ambiental. Sin embargo, se había señalado en otra declaración que es en realidad de un solo sentido. Yo les digo que la Fuerza Civil no tiene facultades para realizar detenciones de actos por infracciones de tránsito", explicó la presidenta de la CEDH.
En estos hechos dos menores fueron detenidos, participaron tres policías y uno de ellos quien iba en la parte trasera de la patrulla se encuentra sentenciado a 15 años de prisión por la muerte del menor y los otros dos ya no están en activo.
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Como parte de las recomendaciones se estableció disculpa en un acto público, compensación económica a favor las víctimas, levantar dos memoriales para recordar al adolescente fallecido.
También la atención médica, psicológica, psiquiátrica e incluso tanatológica que requieran las víctimas.
Otros de los casos adjudicados a la Agencia de Administración Penitenciaria están relacionados con las muertes de personas privadas de la libertad en Centros de Reinserción Social del Estado.
El primero, en el Centro de Reinserción Social Número 1 Norte, una persona adulta mayor se colgó de la litera en su celda, el
segundo, en el Centro de Reinserción Social Número 2 Norte, donde un hombre se colgó de una regadera.
En ambos casos el personal del centro penitenciario no realizaron una adecuada detección, ni intervención del riesgo suicida.
Otro caso es el relativo al de un hombre que se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social Número 1 Norte, quién falleció electrocutado.
En el último caso, la autoridad judicial había determinado que el personal del Centro de Reinserción Social Número 1 Norte, trasladara a la persona privada de la libertad, de manera inmediata, a otro centro, por referir malos tratos de otras personas en reclusión.
Méndez Arellano comentó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León es quien tiene el primer lugar de quejas por violación a loa derechos humanos.
"Generalmente es por detención ilegal, por detención arbitraria, por tratos crueles, inhumanos o degradantes, por agresiones simples, amenazas, uso desproporcionado, indebido de la fuerza e ingerencia arbitraria o ilegal de la autoridad en la vida privada de la familia, en las posesiones de las personas, decomiso injustificado de bienes y obstaculización de injerencias arbitrarias o ataques en la vida privada u omisión de observadores", sostuvo la presidenta del organismo.
De las quejas interpuestas por las marchas del 8M generadas este año, las recomendaciones no han sido aceptadas por la autoridad.