El Gobierno de Nuevo León, externó su postura respecto al plazo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establece que en 15 días se deberá publicar un decreto del Congreso del Estado que indica que pasa la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Tesorería del Estado a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Este Decreto, el 196, de acuerdo al Gobierno Estatal, tiene como fin brindar un blindaje a la corrupción del PRI y al PAN, en Nuevo León, ya que se busca eliminar las facultades al Ejecutivo de Inteligencia Financiera para transferirlas a la Fiscalía General.
"Es por ello que han estado ejecutando acciones que tiendan a quitar facultades al Ejecutivo, sobre todo aquellas que implique revisión de conductas que pudieran resultar ilegales", se lee en un comunicado compartido por Gobierno.
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En el comunicado se informó que se presentará una Controversia Constitucional por la intromisión del Legislativo en los asuntos del Ejecutivo. La misma Sala, en su fallo, ha dejado la puerta abierta para que el Ejecutivo impugne esta invasión de facultades.
Esto se da luego de que Ricardo Tamez, consultor legal del Congreso, advirtió que en caso de que el Gobernador no cumpla con la orden en los próximos 15 días, la Presidenta de la Corte podría emitir un ultimátum de 48 horas; de no tener respuesta, la Corte tiene la facultad para separar al Gobernador de su cargo y consignarlo ante un Juez.
"La eliminación de facultades al Ejecutivo, para trasladarlas a la Fiscalía resulta ilegal", indica el Gobierno del Estado.