El Tribunal de Enjuiciamiento dictó pena máxima de 105 años de cárcel a José Luis G.P. por la desaparición y feminicidio de su esposa, egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a la que después de abatir a golpes la inhumó en una zona aislada entre Tláhuac y Valle de Chalco, en mayo de 2022.
En aquella fecha, familiares de Karen Itzel “N”, realizaron movilizaciones y bloqueos por su ausencia, en los cuales el ahora responsable participó para estar enterado de las investigaciones y tratar de desviarlas.
El cúmulo de pruebas recabadas por peritos y Policía de Investigación fueron expuestas por fiscales capitalinos ante el Tribunal de Enjuiciamiento, lo que generó certeza y convicción para dictar sentencia condenatoria.
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Dicho órgano judicial lo declaró penalmente responsable del delito de femicidio en pandilla, por los hechos ocurridos el 19 de mayo de 2022.
Informes judiciales señalan que, Karen Itzel “N”, fue asesinada en su domicilio por su cónyuge José Luis G.P., quien según las investigaciones tuvo complicidad de sus padres para deshacerse del cuerpo y abandonarlo en un paraje distante al lugar del crimen.
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Las investigaciones demostraron que tras un cateo en el domicilio conyugal, ubicado en la colonia San José, alcaldía Tláhuac, se descubrieron y recabaron rastros hemáticos que al ser analizados se demostró que coincidían con el perfil genético de la víctima.
Antes de que esto ocurriera, el ahora responsable y familiares de la víctima presentaron denuncia por desaparición y los detectives indagaron a fondo y descubrieron que la víctima nunca salió esa mañana de casa rumbo a IPN, como lo afirmó el acusado.
En consecuencia, un juez de control, ordenó su aprehensión, lo que derivó en juicio oral en el que se los jueces lo declararon penalmente responsable del delito de feminicidio en pandilla.
Además de la pena de más de un siglo de prisión, José Luis G.P. quedó sujeto al pago de una multa, indemnización por reparación del daño físico y moral, gastos funerarios y la pérdida de derechos sucesorios respecto a la víctima.
Además, el Tribunal ordenó la suspensión de los derechos políticos del acusado por el tiempo que dure la pena y la negación de beneficios o sustitutivos penales.
Los padres del responsable continúan en un proceso penal que aún no concluye, y enfrentan acusación por el mismo ilícito.
@amarilloalarcon