La Fiscalía General de Justicia capitalina cuenta con la base científica y técnica para establecer que la ausencia de María Ángela no obedece a un hecho delictivo, como inicialmente lo había informado la familia de la adolescente.
En una amplia revisión de videos de cámaras de vigilancia del C5, del C2 Norte y de particulares no se detectó la presencia de alguna persona que haya motivado u obligado a la adolescente a retirarse del lugar donde esperaba a su madre e n los baños públicos del paradero del Metro Indios Verdes.
Los detectives a cargo de la investigación efectuaron entrevistas a las jóvenes con las que Ángela convivió en la zona de la Alameda Central, horas y días después de apartarse del grupo con el que convivió en la zona centro de la capital.
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Los padres de Ángela informaron luego de la desaparición de su hija la posibilidad de que alguna persona la haya coaccionado para retirarse de aquel sitio, incluso hicieron referencia de un video que la fiscalía les mostró y en el que supuestamente se observaba el instante en que la chica era tomada por la fuerza.
Las investigaciones demostraron que se trató de una apreciación personal, pero en la secuencia de videos se establece que la joven se separó de ese sitio y posteriormente acudió sin compañía de nadie con el grupo de jóvenes que se reúne en la Alameda Central.
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El vocero de la institución, Ulises Lara, reiteró que las investigaciones, en las que participan detectives, peritos en diversas materias, y el agente del Ministerio Público, no se detectó el mínimo acto ilícito en el presente caso.
“Como lo señalamos en días pasados, el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas aledañas”, destacó.
FGJ obligada a indagar en caso de algún agravio en menores de edad
Con base en el interés superior de la niñez, la FGJ está obligada a reportar, documentar e investigar cualquier hecho delictivo que implique la comisión de un delito en contra de una persona con minoría de edad.
En el caso de Ángela, la detección de algún hecho irregular habría motivado la apertura de una investigación en contra de quien o quienes hayan causado algún menoscabo de su integridad, incluidos sus padres.
Dicho protocolo el MP está obligado a investigar si la persona afectada o víctima sufrió alguna alteración física o emocional por algún acto que la ley considera como delito.
Sin embargo, las conclusiones periciales en materia de psicología medicina forense y trabajo social son coincidentes y establecieron que María Ángela no fue objeto de algún ilícito antes, durante y después de su ausencia registrada el 19 de enero.
Muestra de ello es que la Fiscalía de Investigación para la Búsqueda de Personas Desaparecidas reincorporó a Ángela a su núcleo familiar y pidió a la ciudadanía desechar los rumores que se han generado en relación a ese caso, ya que no existe ningún indicio que demuestre que fue objeto de desaparición por algún grupo criminal o por maltrato de sus padres.