El clima de tensión migratoria entre México y Estados Unidos ha alcanzado a las altas esferas del poder estatal, especialmente en las regiones del norte, donde el constante flujo transfronterizo exige perfiles gubernamentales plenamente validados.
En medio de una ola de revisiones exhaustivas y retiro de permisos migratorios implementadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, un nuevo caso ha salido a la luz pública.
¿Qué pasó con la visa de EU del gobernador Esteban Villegas?
Esteban Villegas, gobernador de Durango, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció ante medios locales que su documento de ingreso a territorio estadounidense presentó una anomalía recientemente. Según detalló el gobernador, al intentar cruzar la frontera "brincó una alerta amarilla", lo que restringe su libre tránsito de manera temporal.
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Para resolver este bloqueo, el político duranguense explicó que deberá comparecer formalmente ante un consulado de Estados Unidos, atribuyendo esta situación a un posible problema de homonimia en los registros oficiales.
A través de esta aclaración, Villegas desmintió los rumores que apuntaban a que el gobierno de Donald Trump le había cancelado su documento, si bien prefirió no revelar la fecha exacta en la que se suscitó este incidente.
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El escrutinio de EU sobre la clase política mexicana
El contratiempo diplomático del gobernador de Durango no es un hecho aislado. En semanas recientes, se ha confirmado la suspensión definitiva o revocación de visas a diversas figuras públicas de primer nivel en la política mexicana. Entre los expedientes más notorios figuran el senador Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández Noroña, así como los exgobernadores Alejandro Murat (Oaxaca) y Carlos Joaquín González (Quintana Roo).
Cuestionado sobre estos bloqueos institucionales a legisladores y exfuncionarios, el gobierno norteamericano mantiene un estricto hermetismo, justificando que sus políticas de privacidad prohíben emitir declaraciones públicas respecto a casos individuales de visado.
Este endurecimiento de las autoridades consulares ha encendido las alarmas al interior del Congreso mexicano. La incapacidad de cruzar hacia Estados Unidos representa un grave obstáculo logístico, ya que imposibilita la realización de misiones comerciales, paraliza las reuniones entre mandatarios fronterizos y trunca el desarrollo de agendas de trabajo binacionales.
De forma paralela a los problemas migratorios con el país vecino, las tensiones entre gobernantes también se intensifican al interior de la República. Recientemente, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, lanzó una contundente exigencia a la presidenta Claudia Sheinbaum. Campos solicitó que se entregue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalándolo por supuestos lazos con el crimen. Sin embargo, la titular del Ejecutivo federal desestimó tajantemente esta petición, catalogándola como una mera estrategia de propaganda.