La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Chihuahua por las malas condiciones que provocaron el motín que se registró el 1 de enero de 2023 en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez.
El documento recomendatorio es resultado de la investigación que realizó la CNDH por los hechos ocurridos en dicha ciudad fronteriza donde fallecieron siete personas privadas de la libertad y 10 más que se encontraban laborando en el penal, además de la evasión de internos y las lesiones que sufrieron personas privadas de la libertad y custodios.
El organismo destacó que desde 2016, se había detectado en dicho penal sobrepoblación y hacinamiento y que no fueron atendidas estas anomalías.
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Asimismo, se comprobó la insuficiencia de personal de seguridad y custodia que fue uno de los factores determinantes en el motín.
Además de que prevalece una deficiente separación entre población procesada y sentenciada, así como una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, lo que favorece el agrupamiento de personas que antagonizan entre sí al interior del CERESO.
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La CNDH destacó que entre 2020 y 2022, se advirtió sobre la presencia de cogobierno y autogobierno, así como de actividades ilícitas por parte de personas privadas de la libertad.
Además, se documentó la existencia de zonas de privilegio, con baños equipados con tina de hidromasaje, pantallas, camas matrimoniales, equipos de aire acondicionado y adecuaciones arquitectónicas realizadas por los internos. Destacó que prevalecía la libre entrada de objetos prohibidos, incluso armas de fuego.
Puso como ejemplo, la presencia de personas ajenas no privadas de su libertad, y el que hayan pernoctado en el penal familiares, incluidos niños, niñas y mujeres.
Advirtió que el ingreso de un número considerable de personas y la realización de una reunión clandestina, no pudieron pasar inadvertidas para las autoridades, por lo que se concluye que, como responsables, desatendieron sus obligaciones.
Por ello, pidió al gobierno de Chihuahua que proceda a la reparación de daños ocasionados por el deceso de 17 personas durante los hechos ocurridos, así como para las personas que resultaron ser víctimas indirectas.
Asimismo, deberá proporcionar seguimiento médico integral y especializado, para los diagnósticos que presentan actualmente 10 víctimas, derivados de lesiones ocasionadas por arma de fuego.
Además, pidió que colabore con las autoridades investigadoras en el trámite y seguimiento de la denuncia que se presente ante la Subsecretaría de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua
A la Fiscalía General del Estado le solicitó su colaboración para concretar la investigación y diligencias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.