MIGRACIÓN

CNDH emite recomendación por caso de migrante baleada en Veracruz

El organismo logró acreditar la violación a los derechos humanos de cinco víctimas, quienes, en compañía de otras personas migrantes, viajaban en una camioneta.

Se emitió una recomendación a la presidencia municipal de Córdoba.
Se emitió una recomendación a la presidencia municipal de Córdoba.Créditos: Cuartoscuro
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la presidencia municipal de Córdoba, Veracruz, por el caso de un policía local quien incurrió en uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza para detener un vehículo que transportaba a personas migrantes y lesionar a una mujer de nacionalidad cubana.

Explicó que el 11 de octubre de 2022, varios medios de comunicación publicaron que elementos de la Guardia Nacional y de la policía local efectuaron la persecución de una camioneta que transportaba a personas migrantes en dicha localidad y que terminó con una mujer lesionada por disparo de arma de fuego y el aseguramiento de 28 personas migrantes.

Tras realizar una investigación, el organismo logró acreditar la violación a los derechos humanos de cinco víctimas, quienes, en compañía de otras personas migrantes, viajaban en una camioneta cuando fueron detectadas por personal de la Guardia Nacional, quien les marcó el alto.

Al percatarse de dicha situación, el conductor de la camioneta aceleró la marcha por lo que los oficiales federales solicitaron el apoyo de otras corporaciones policiacas para darle alcance.

Minutos más tarde, se sumaron a la persecución elementos de la policía municipal de Córdoba a bordo de una patrulla y uno de ellos accionó su arma de fuego, en varias ocasiones, en contra del vehículo en cuestión, lesionando a una mujer migrante de nacionalidad cubana. 

La CNDH ordenó a la presidencia municipal de Córdoba, Veracruz, inscribir a las cinco personas afectadas en el Registro Estatal de Víctimas para que puedan tramitar la reparación integral del daño.

Asimismo, deberá designar a una persona servidora pública para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación y capacitar a los elementos policiacos en materia de derechos humanos y uso legítimo de la fuerza.