CAMPANA

Ejidatarios de El Bajío denuncian actos de intimidación y calumnias

Los ejidatarios pidieron la intervención de Senadores, así como de la Secretaría de Gobernación.

Los ejidatarios recordaron que, con el apoyo del senador por Morena, José Narro Céspedes, se instaló una mesa de diálogo.
Los ejidatarios recordaron que, con el apoyo del senador por Morena, José Narro Céspedes, se instaló una mesa de diálogo. Créditos: Ilustrativa / Archivo
Escrito en NACIONAL el

Ejidatarios de El Bajío, en el municipio de Caborca, Sonora, advirtieron que existe una campaña para denostarlos e intimidarlos, por lo que pidieron nuevamente el apoyo del Senado de la República a fin de evitar el despojo de sus tierras. 

Al demandar la intervención de los legisladores, así como de la Secretaría de Gobernación, los ejidatarios denunciaron que se ha incrementado los actos de hostilidad y calumnias en su contra a raíz de que han solicitado ayuda para resolver el conflicto que mantienen con la minera Penmont. 

Recordaron que existe una sentencia del Tribunal Unitario Agrario 28, con sede en Hermosillo, Sonora, que obliga a la minera Penmont a la inmediata desocupación y entrega de las tierras de uso común a sus titulares, Carmen Cruz Pérez, Abel Cruz López, Jacinto Cruz Pérez, Abel Cruz Pérez y José Concepción Cruz Pérez.  

Los ejidatarios expusieron que la resolución señala que la utilidad que se obtuvo con la conservación, explotación, ocupación temporal o expropiación de las tierras deberán aplicarse a los mismos ejidatarios.   

Advirtieron que, aunque se ha querido hacer creer a la opinión pública que no son los titulares de los derechos ejidales, la propia sentencia los señala como propietarios, por lo que pidieron el apoyo del Senado y de la Secretaría de Gobernación para que se haga justicia.     

Los ejidatarios recordaron que, con el apoyo del senador por Morena, José Narro Céspedes, se instaló una mesa de diálogo para resolver el tema. 

Al respecto, el morenista resaltó que su función ha sido la de facilitar la vinculación entre los ejidatarios con las autoridades correspondientes, entre ellas la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Superior Agrario.