La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que desde el viernes busca, con fines de detención, al alcalde priista de Toluca, Raymundo “N”, quien ha sido denunciado penalmente por presuntamente haber cometido el delito de secuestro exprés.
Pese a montar un intenso operativo en la casa, en el ayuntamiento y oficinas privadas del presidente municipal, Raymundo se dio a la fuga junto con varios de sus colaboradores que también habrían participado en el delito que investiga el Ministerio Público y sobre el que ya se obtuvo ficha roja, es decir, se ha notificado a la Interpol sobre la persecución legal del alcalde. Al edil lo buscan también las fuerzas federales.
A través de una tarjeta informativa la FGJEM detalló que la carpeta de investigación refiere que los hechos que se le imputan a Raymundo ocurrieron el 12 de abril de este año, día en que el alcalde –según el relato de su ex esposa- ordenó su destitución como presidenta del DIF y la detención arbitraria de su padre con el uso desmedido de la fuerza pública.
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Este asunto se ventiló públicamente apenas el pasado 21 de noviembre cuando a través de un video en redes sociales Viridiana Rodríguez, ex esposa de Raymundo, denunció cómo fue el secuestro de su papá el día 12 de abril de este año.
“Detención de mi padre que se hizo sin una orden de aprehensión y cateo, y que no ejecutó la Fiscalía, sino la policía corrupta de Toluca, allanaron su oficina, lo golpearon y un comando de cerca de 40 policías, lo sacaron a la fuerza, lo pasearon, le tomaron fotos y lo llevaron a las galeras del ayuntamiento. Todo esto ocurría en la oficina de mi padre mientras el presidente municipal dentro de las instalaciones del DIF, despedía a todos los directivos y gente cercana a mi persona”, denunció Viridiana.
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Lo anterior –dijo la fiscalía- motivó que se iniciara una investigación, la cual se lleva a cabo con perspectiva de género derivado de la relación de carácter conyugal existente en ese momento entre Raymundo “N” y D.V.R.R. Dichos actos de investigación permitieron establecer la presunta participación del investigado en los hechos, toda vez que al mismo tiempo que la víctima se encontraba privada de su libertad, Raymundo “N” estableció comunicación con la denunciante para exigirle, mediante amenazas y uso de lenguaje ofensivo, la inmediata devolución de documentos de carácter personal condicionando la libertad de la víctima a esta exigencia.
Desde la noche del viernes tanto el domicilio, como la sede del ayuntamiento y otros inmuebles propiedad de Raymundo “N” se encuentran bajo custodia de la Fiscalía, pero no hay rastros del presidente municipal que oficialmente ya fue declarado “prófugo de la justicia”.
Hasta este momento, los hechos referidos constituyen en grado de probabilidad el delito de secuestro exprés en su modalidad de extorsión, previsto por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cuya penalidad es de 40 a 80 años de prisión, la cual puede aumentar 10 años al agravarse por haber allanado el inmueble para privar de la libertad a la víctima quien tenía parentesco con Raymundo “N”.