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Pide CNDH a gobierno de Michoacán restituir becas para normalistas de escasos recursos

El 11 de septiembre de 2020, la CNDH tuvo conocimiento de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación de oficio por este caso. 

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del Estado de Michoacán. (Foto de archivo)
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del Estado de Michoacán. (Foto de archivo)Créditos: Cuartoscuro
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla restituir las becas para estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga y que se repare el daño a siete alumnos que fueron arrollados por un vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública durante una manifestación en 2020. 

El organismo nacional emitió la recomendación 147/2022 al mandatario estatal por violaciones a los derechos humanos a la educación, a la integridad y a la seguridad personal de siete alumnos de dicha casa de estudios. 

El 11 de septiembre de 2020, la CNDH tuvo conocimiento de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación de oficio por este caso. 

Indicó que los jóvenes protestaban junto a otros compañeros sobre la carretera Tiripetío Pátzcuaro por la cancelación de becas alimentarias mensuales. 

Explicó que ante estos hechos decidió ejercer la facultad de atracción de este caso para realizar una investigación. 

El organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra señaló que tras analizar este asunto pudo constatar las reiteradas disminuciones a los apoyos para estudiantes de escasos recursos. 

Resaltó que las becas fueron suspendidas en varias ocasiones en 2020, por lo que los jóvenes realizaron un bloqueo donde se desarrolló el fallido operativo policiaco en el que se usaron gases químicos para dispersar las protestas.  

Asimismo, el conductor de una de las unidades policiacas que participo en el operativo arrolló a siete alumnos. 

Por ello, la CNDH pidió restituir las becas y que contemple un monto específico para el mantenimiento de las instalaciones escolares, además de que se inscriba a los jóvenes lesionados en el Registro Nacional de Víctimas. 

Además, deberá colaborar con la denuncia que se presentará ante la Fiscalía estatal contra dos mandos policiales.