De acuerdo con el responsable jurídico del Club Social Campestre de Tijuana, Alberto Herrera, los socios del complejo recreativo privado son los legítimos dueños, por lo que la expropiación que pretende realizar el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, no tiene fundamentos.
Además, mencionó que las afirmaciones del mandatario estatal respecto a las irregularidades jurídicas del Club podrían dejar entrever que tiene problemas mentales.
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Por su parte, el secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, dijo a través de un video publicado en sus redes sociales que la expropiación es un acto jurídico perfectamente reconocido y avalado por la Constitución general y local.
Asimismo, afirmó que los predios ubicados en la zona donde está el Club Campestre de Tijuana están rodeados de problemas jurídicos que datan desde principios del siglo pasado\u2026
Rodríguez Lozano explicó que las personas agraviadas por la expropiación que pretende hacer el gobierno estatal podrán interponer los recursos jurídicos legales que crean convenientes.
No obstante, en un video distinto, el gobernador Jaime Bonilla Valdez añadió que la propiedad en donde está el Club Campestre fue adquirida de manera irregular por los socios, incluso aseguró que los alcaldes de Tijuana no actuaron en contra de éste debido a que ellos mismos han formado parte del complejo.
También invitó a los ciudadanos a participar en una consulta a través de Facebook para conocer si la población desea o no que se expropie el club.
Cabe mencionar que fue en 1948 cuando el exgobernador del territorio de Baja California y expresidente de México, el general Abelardo L. Rodríguez, reunió a un grupo de empresarios de Tijuana para proponerles la donación de 70 hectáreas del predio original de lo que era el casino de agua caliente, con el fin de que crearan un club y mantuvieran el campo de golf con sus 18 hoyos.
En su historia como Club Social Campestre, el predio en donde se sitúan sus instalaciones ha sido disputado en dos ocasiones. En ambas, el Gobierno estatal y federal en turno resolvieron a favor de los socios del complejo recreativo privado. Sin embargo, tras 40 años sin disputas por éste, el gobernador Bonilla Valdez pretende expropiarlo.