La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que la Procuraduría General de la República (PGR) incurrió en una serie de irregularidades y excesos durante el aseguramiento de las cajas de seguridad de la compañía First National Security (FNS) en Cancún, lo que derivó en violaciones a los derechos humanos de los usuarios de esa compañía.
El organismo estableció que, si bien el cateo en un principio fue autorizado judicialmente, se omitió informar al Juez de Control que el objeto de esa diligencia era una empresa privada abierta al público con giro de renta de cajas de seguridad y resguardo de valores, por lo que al no tener la certeza de que todas las cajas pertenecían a una misma persona, es evidente que no procedía el aseguramiento de ningún bien u objeto que no estuviera relacionado con la investigación ministerial.
Además, el Fiscal Coordinador de la de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no supervisó la correcta actuación del Agente del Ministerio Público para que desarrollara el cateo conforme a derecho y respeto a los derechos humanos y, en su caso, determinar el cese de tales irregularidades; permitió que durante la devolución de pertenencias violara los derechos básicos de las personas que no estaban relacionadas con los hechos investigados.
La CNDH precisó que no se logró acreditar del todo que la PGR haya condicionado la devolución de los bienes asegurados, a cambio de que los propietarios se desistieran de presentar la queja ante la CNDH y de los amparos ante el Poder Judicial federal.
No obstante, puntualizó que ninguna autoridad tiene facultades para condicionar o impedir que alguien acuda a la Comisión Nacional a presentar o continuar su queja o para desistirse de la misma, por ser violatorio de derechos humanos.
Ante ello, la CNDH recomendó a la PGR que, conforme a derecho, se devuelvan a la brevedad las pertenencias a las personas usuarias de las cajas de seguridad que aún no hayan sido devueltas; colaborar con la presentación y seguimiento de la queja y denuncia ante la Visitaduría General de la propia institución contra los dos servidores públicos y quien resulte responsable por el exceso en la ejecución del cateo.
En plazo de cuatro meses a partir de la aceptación de la Recomendación, deberá diseñar e impartir un curso a todo el personal ministerial de la PGR que intervenga en operativos de cateo, y elaborar un protocolo de actuación homologado sobre la debida diligencia ministerial apegándose a los artículos 14 y 16 constitucionales.