El Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México (TSJ) es una institución firme para erradicar la violencia contra la mujer, materializar la perspectiva de género, combatir el crimen, fortalecer a otras dependencias y señalar con valor cuando la ley deba prevalecer por encima de todo.
Así lo externó el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Órgano Judicial, al rendir su Segundo Informe de Labores de su segundo periodo de gestión, en el que destacó que con el nuevo sistema oral el TSJ logró una “dramática disminución” en la duración de juicios de primera instancia.
En la materia penal pasó de mil 564 días a 256, mientras que en la materia civil de 509 días a 260, una reducción de 80 y 50 por ciento respectivamente.
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Ante los plenos de magistrados del TSJ y de consejeros de la Judicatura, enfatizó sobre la importancia de la división de poderes, pues consideró que bajo este principio el Poder Judicial es encarnación autónoma de la soberanía emanada del pueblo, con la que defiende y protege los derechos de la sociedad, sus bienes, sus vínculos y hasta sus actos después de la muerte.
“Por eso el federalismo republicano depende de un Poder Judicial independiente, con jueces autónomos cuyas decisiones puedan garantizar la paz y la justicia más allá del rumbo de los vientos políticos.
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Es por esto, que es importante que el poder limite al poder, lo regule, le dé balance y lo guíe para servir como instrumento en favor de la paz y de la felicidad humana”, expresó.
En su oportunidad, Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno, agradeció la colaboración del magistrado Guerra Álvarez, respecto al trabajo de los jueces y juezas que las sentencias por feminicidio se hayan incrementado en 150 por ciento.
Agregó que mujeres y hombres son testigos de una evolución del sistema oral, del arribo de nuevas tecnologías, de la informática, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, de nuevos códigos, procedimientos y paradigmas, y subrayó que el órgano judicial capitalino mira hacia el futuro de la oralidad en todas sus materias.
Entre estas, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), así como al horizonte de la justicia digital, a erradicar la violencia contra las mujeres y a combatir la corrupción.
Respecto a la implementación del CNPCyF, aprovechó para reiterar un “respetuoso llamado” a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para recordar que la justicia es una obligación del Estado con el pueblo de México.
Este código, abundó, representa un logro histórico para “nuestra tradición jurídica” y para toda la comunidad nacional, porque recoge las bases y principios contenidos en la Constitución para homologar procedimientos y unificar criterios, y recordó que su gradual entrada en vigor “nos convoca a tomar las previsiones necesarias para comenzar esta nueva época procesal”.
En su exposición, Guerra Álvarez informó que este año han ingresado al órgano judicial 310,143 expedientes y se iniciaron 225,826 juicios en primera instancia; de ese total, dijo, se concluyeron 161,585 asuntos.
Respecto a segunda instancia, detalló que el promedio de expedientes ingresados por sala fue de 1,406. Respecto a resoluciones definitivas, se han alcanzado un total histórico de 36,174, aseguró Guerra Álvarez.