Las víctimas que no han llegado a un acuerdo reparatorio con Grupo Carso como salida alterna al proceso, buscarán en la audiencia de imputación, que se llevará a cabo el próximo lunes 2 de mayo, que la autoridad judicial reclasifique el delito de homicidio culposo a dolo eventual.
El objetivo es que el hecho que enlutó a 26 familias y que dejó a 100 personas lesionadas, no quede impune.
Teófilo Benítez, asesor jurídico de 12 víctimas sostuvo que aún cuando Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, haya obtenido un amparo, no será de utilidad ya que la defensa de los afectados exhibirá al Juez de Control los datos de prueba que permiten afirmar que el ex funcionario y coacusados incurrieron en faltas graves en cuánto a la construcción, diseño, operación y mantenimiento de la Línea 12.
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“Hemos estado presionando con diversas denuncias y demandas, lo que ellos tratan de hacer es que las víctimas se desesperen, caigan en la desesperación y la necesidad, solo ha habido dilación y cada vez se inventan una diferente artimaña, ahora los escritos ya no los recibe el Ministerio Público, sino por Oficialía de Partes, nosotros seguiremos, ellos saben que es cansado, y saben que están dilatando el proceso”, expuso Teófilo Benítez, asesor jurídico de 12 víctimas.
“¿Qué va a suceder?, estamos más que preparados, vamos por la reclasificación, no quieren que lleguemos a las imputaciones y van a realizar diversas artimañas para que eso no se haga, nos opondremos y queremos que esa audiencia se tenga que llegar forzosamente, para que se reclasifique de lo culposo a lo doloso”, puntualizó.
En conferencia de prensa el asesor jurídico sostuvo que en los manuales de mantenimiento de la Línea 12 del Metro se detectó que diversas autoridades se vieron omisas e incumplieron diversas acciones a las que estaban obligados para el adecuado mantenimiento y supervisión de las estructuras del tramo elevado.
Por ejemplo, se detectó la ausencia de 400 pernos y se pasó por alto el monitoreo que debía realizar un comité de vigilancia, ya que por el mal diseño, la debilidad de las columnas, trabes y la deformación de éstas, era indispensable actuar de manera inmediata.
Todas las omisiones en conjunto llevan a la conclusión de que el desplome no es un hecho fortuito ni tampoco culposo, sino doloso en el sentido de que nadie intervino a pesar de lo que establece el Manuel de Mantenimiento de la Línea 12, en su tramo elevado.
Piden demolición de tramo elevado
Las víctimas reiteraron su petición de justicia y la demolición del tramo elevado de la también llamada Línea Dorada.
Esa petición se basa en el agradecimiento a los cientos de personas, que les brindaron apoyo y a aquellos que son usuarios del Metro a efecto que no vuelvan a sufrir un hecho similar como el del 3 de mayo de 2021 que cobró la vida de 26 personas y que dejó a 100 lesionados.
El asesor jurídico de los afectados, explicó que el objetivo es que no exista una repetición de los hechos y la demolición el tramo elevado, que va desde Tláhuac hasta Atlalilco, se podrá dar certeza a la Ciudadanía de que una tragedia así no volverá a suceder.
Respeto a las indemnizaciones que ha otorgado la empresa Carso Infraestructura y Construcciones (Cicsa), el penalista Benítez sostuvo que en todo caso será a través del Poder Judicial y sus jueces quienes establezcan de manera legal y certificada los montos que debe recibir cada víctima.
Recordó que la Fiscalía General de Justicia negó la posibilidad de realizar cinco peritajes básicos para la cuantificación de los pagos reparatorios, por lo que el despacho a cargo de Teófilo Benítez los realizó mediante peritos particulares en materia de medicina forense, sicología, trabajo social, antropología social y matemática actuarial.
“¿Por qué el Ministerio Público no realizó esos peritajes a las víctimas? la carpeta de investigación no los tiene, solo tiene planos y planos, cuando realmente se necesitan las verdaderas pruebas que determinen la claridad del hecho del colapso y la reparación a los afectados”, indicó el jurista.
Los afectados mencionaron que están dispuestos a obtener una suma reparatoria, siempre y cuando se realice de manera justa y legal, con lo que establezcan os peritos derivado de los estudios personales a cada una de las víctimas.