La instalación de módulos privados que ofrecen pruebas de detección de Covid-19 en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, alcaldías gobernadas por el PAN, desató un intercambio de acusaciones y señalamientos en el Congreso de la Ciudad de México.
Diputados de Morena, en voz de la legisladora Lourdes Paz Reyes, llamaron a los alcaldes de estas demarcaciones, Santiago Taboada Cortina y Mauricio Tabe Echartea, respectivamente, a abstenerse de favorecer negocios privados para lucrar económica y políticamente, así como informar sobre los convenios firmados con las empresas encargadas de llevar a cabo dicha tarea.
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"Mienten al afirmar que cuidan el bolsillo de la ciudadanía con supuestos precios accesibles ya que en Benito Juárez las pruebas superan los 300 pesos y en Miguel Hidalgo rondan los 200 pesos, demostrando que pese a que son del mismo partido y representan los mismos intereses, no se ponen de acuerdo ni en el precio", criticó la también presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso capitalino.
En respuesta, el coordinador del PAN en el legislativo local, Christian Von Roehrich, lamentó que el gobierno capitalino enviara supuestos verificadores sanitarios a tratar de "cancelar el derecho a la salud de ciudadanos que acuden a los módulos de prueba Covid19 instalados en esas demarcaciones", donde los propios habitantes corrieron a dichos servidores públicos.
Al respecto, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA), informó que realizó 10 visitas de verificación en las demarcaciones territoriales de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, con el objetivo de atender las denuncias en medios de comunicación y quejas de la población, así como vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria.Precisó que en dichas visitas se identificaron algunas insuficiencias que no ponen en riesgo la salud de las personas que acuden, por lo que solo se hicieron recomendaciones para corregir y en ningún caso se indicó la suspensión de actividades o servicios y no se aplicó sanción alguna.