La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) desplegó todas sus capacidades para llevar a prisión a la red de ex funcionarios allegados al senador perredista Miguel Ángel Mancera, a quienes se les relaciona con delitos por supuestos actos de corrupción, sin que hasta el momento se recuperen los recursos que causaron un quebranto a las finanzas de la capital.
El combate a la corrupción que ha sido clave en la imagen de la administración de Claudia Sheinbaum, ha puesto en jaque a miembros de la clase política que anteriormente gobernaron la capital del país.
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Los ex funcionarios de primer nivel que enfrentan acusaciones ante el Poder Judicial de Ciudad de México son Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano; Raymundo Collins, ex secretario de Seguridad Pública y Jaime Slomianski, ex director de la Agencia de Gestión Urbana.
También, Edgar Tung\u00fcí, ex comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México y Julio César Serna, ex director de la Central de Abasto y ex jefe de la oficina del entonces jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera.
El ex jefe de la policía capitalina, Raymundo Collins, enfrenta acusación por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, la cual está relacionada cuando fungió como titular del Instituto de Vivienda de CDMX.
La acusación en su contra refiere que autorizó en el año 2017, el pago de 21 millones 285 mil pesos por un predio en Iztapalapa, bajo el concepto de Aportación de Suelo Urbano.
Recientemente obtuvo un amparo que dejó momentáneamente sin efecto la orden de aprehensión que pesa en su contra, y por la que se salió del país.
Otro caso que cimbró a la administración anterior es la captura de Edgar Tung\u00fcí, ex comisionado para la reconstrucción de CDMX, está preso desde mayo pasado en el Reclusorio Norte, con cinco vinculaciones a proceso por el ilícito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
La FGJ sostiene que tras el sismo del 19 septiembre de 2017, el acusado autorizó apoyos económicos para inmuebles, que no cumplían con los lineamientos para recibir el presupuesto de rehabilitación.
Investigaciones y persecuciones
La persecución judicial también alcanzó a Jaime Slomianski ex director de la Agencia de Gestión Urbana, acusado de un quebranto a las finezas de la ciudad por casi 30 millones de pesos.Se le acusa de ordenar la contratación de de empresas para la asesoría de tipo técnico y administrativo para ciertas obras y servicios, sin que esto fuera necesario.
El funcionario sigue prófugo y pesa sobre él una orden de aprehensión girada por un juez de control.
Pieza clave para la FGJ es Miguel Ángel Vázquez, acusado de uso indebido y atribuciones, quien se convirtió en testigo colaborador, acogiéndose al criterio de oportunidad.
Un primer triunfo lo obtuvo hace unos días, luego de que un juez de control determinó no vincularlo a proceso.
Lo anterior en cumplimento a una resolución de un Tribunal Colegiado, que ratificó Lao expuesto por un juez de distrito que otorgó le otorgó un amparo en virtud de que la FGJ no expuso dato de prueba que permita demostrar el perjuicio a la hacienda pública de CDMX.
Es decir, no encontró datos precisos para dictar incluso la vinculación de proceso, respecto a la suspensión de pagos y cuotas de jubilados y pensionados para la prestación del servicio médico subrogado que realiza el ISSSTE.
No obstante, reveló a la FGJ datos, nombres documentos, que podrían acreditar la distribución de "aproximadamente mil millones de pesos entre diversos servidores públicos y actores políticos en forma indebida".
Sin embargo, los datos apurados por Miguel Ángel Vázquez permitieron a la FGJ llegar a Julio César Serna, ex jefe de la oficina de Miguel Ángel Mancera.
El también ex director de la Central de Abasto y ex oficial mayor de la entonces PGJDF, fue aprehendido el sábado por el delito de enriquecimiento ilícito y este lunes, un juez le impuso la prisión preventiva justificada por enriquecimiento ilícito.
Los datos de prueba firmes ante el Poder Judicial señalan del hallazgo de cinco bienes inmuebles y un espacio de estacionamiento, no contemplados en sus declaraciones patrimoniales.Este fin de semana se prevé que sea vinculado a proceso por las pruebas existentes, pero hasta el momento las acciones legales no han logrado resarcir el daño y menos ha obtenido ninguna sentencia condenatoria.
@amarilloalarcon