La fracción parlamentaria de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes secundarias que facultan al jefe de gobierno y a una mayoría simple de diputados para efectuar el nombramiento del fiscal anticorrupción y del secretario técnico de dicho sistema.
La diputada local Aleida Alavez precisó que otra transgresión es el tiempo de permanencia de ambos servidores públicos, ya que excede los tiempos que marca la Constitución mexicana.
Ambas situaciones, dijo, constituyen una violación directa a la Carta Magna, por lo que recurrieron al Máximo Tribunal del país.
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“La mayoría legislativa violentó el marco constitucional al pretender designar al secretario técnico del sistema anticorrupción y al fiscal anticorrupción de manera indebida en contra del artículo 113 constitucional y la ley general del sistema que establecen mecanismos de mayoría calificada para su nombramiento y designación de los integrantes del sistema anticorrupción.
“(Esto) En sentido contrario a lo que establecen las normas aprobadas en la Asamblea que sean propuestas del jefe de gobierno por mayoría simple y por un periodo que excede lo establecido en la Constitución”, detalló.
En el marco de esta discusión, la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa encabezados por los diputados Aleida Alavez, César Cravioto y José Alfonso Suarez del Real, presentaron el recurso de inconstitucionalidad ante la oficialía de partes de la SCJN.
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La diputada Alavez expuso que lo mismo sucede con el nombramiento de otros servidores públicos con funciones prioritarias para el combate a la corrupción como el contralor general, los contralores internos, y magistrados del Tribunal Administrativo, entre otros.
“También incluiremos y esto lo hacemos porque es una transgresión muy grave las facultades de la asamblea legislativa de normar estas leyes secundarias y que en pleno se agote esta discusión se respete su publicación el grupo parlamentario presentará denuncias en el plano administrativo y penal en contra de los servidores públicos que participaron en la publicación apócrifa de las leyes que forman el sistema anticorrupción”, apuntó.
Y es que con dicho acto, aclaró, desvirtuaron lo aprobado por la Asamblea Legislativa y la publicación de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino en la gaceta oficial del 1º de septiembre pasado, cuyo efecto de las denuncias es deslindar de responsabilidades de los servidores públicos que participaron en dicha modificación puesto que vulnera las facultades del poder legislativo.
@amarilloalarcon