La próxima semana la Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa comenzará con los trabajos para destituir al delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, por lo que recopilarán documentos y pruebas para comprobar que hubo omisión en el control, servicios públicos, paz y seguridad de la delegación, además de que no garantiza “el funcionamiento eficaz y honesto de la administración pública”.
Las acusaciones por conflicto de interés en la entrega de contratos por adjudicación directa a quienes donaron dinero en su campaña, el uso indebido de recursos de la delegación y la relación con narcomenudistas, serán señalamientos que los diputados locales dejarán en manos de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así lo señaló el legislador del Partido Verde, Fernando Zarate.
“Una de ellas es no garantizar el ejercicio y funcionamiento correcto de la institución, es decir del órgano político administrativo que se llama delegación, y no mantener el orden o la paz social, cualquiera de estos elementos al haberlo citado en Comisión de Gobierno para comparecencia, valoramos y como resultado vemos que incurre en las dos medidas, no tiene una correcta administración y funcionamiento de órganos de estado y no existe el orden público ni la paz social”, indicó.
Señalar que la Asamblea Legislativa sí puede remover delegados como lo indica el artículo 108 de Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, para ello requiere del voto de dos terceras partes de los diputados locales.
Por último, indicar que la Comisión de Gobierno envió al presidente de la Comisión Jurisdiccional, Armando López, la solicitud formal para iniciar con el proceso de remoción “al encontrar elementos suficientes”, por lo que primero deben conformar la carpeta con todas las pruebas, después deben dar derecho de audiencia al delegado y posteriormente votar la decisión en el pleno.