Servidores públicos del partido guinda habrían participado sigilosamente con dirigentes del gobierno estadounidense. Esto, después de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza. Además de otros funcionarios de Sinaloa, informó el diario The New York Times.
Cabe señalar que, entre los presuntos acusados se encuentran legisladores de Morena, sin embargo, el diario estadounidense mantiene en incógnito los nombres de los diputados.
De acuerdo con el medio, ellos facilitarían datos relevantes relacionados con otros políticos. Asimismo, el periódico afirma que existe un acercamiento entre autoridades estadounidenses y una decena de políticos mexicanos del partido oficial (Morena). Estos funcionarios, que incluyen a miembros del Congreso y gobernadores, han mostrado interés en entregar datos sobre otros integrantes de la clase política mexicana.
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En este mismo contexto, el informe indica que tanto el Gobierno de México como la DEA han optado por no emitir comentarios sobre los señalamientos. Según el diario, el principal motor detrás de la disposición de ciertos funcionarios de Morena para colaborar con Estados Unidos es el temor a ser objeto de futuras investigaciones.
Esta estrategia preventiva podría desatar una reacción en cadena de denuncias sobre los vínculos entre cárteles y servidores públicos, lo que pondría al partido oficial en una situación de alta vulnerabilidad.
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De igual manera, el reportaje destaca situaciones legales o de escrutinio que enfrentan figuras clave del partido tales como Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Marina del Pilar.
Morena califica de "traidores a la patria" a los opositores
En este escenario, la confrontación política se ha intensificado debido a acusaciones mutuas: mientras legisladores de Morena califican de "traidores a la patria" a los opositores que denuncian nexos entre el gobierno federal y grupos criminales ante autoridades de Estados Unidos, el panorama de seguridad se ha complicado.
Un punto crítico ocurrió en abril, cuando se dio a conocer la intervención de la CIA en operativos realizados en Chihuahua sin autorización federal, lo que provocó que el PAN saliera en respaldo de la gobernadora María Eugenia Campos ante el incidente.