La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal apostará fuertemente por los juicios de extinción de dominio como mecanismo principal para recuperar recursos y bienes asegurados por actos de corrupción. Durante su mensaje institucional, la mandataria confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajarán de forma coordinada para arrebatar legalmente estos activos y transferirlos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), destinando las ganancias a las comunidades más vulnerables del país.
¿Cómo funciona el proceso de extinción de dominio en México?
El mecanismo legal para recuperar el dinero del erario público opera a través de un procedimiento judicial escalonado, el cual se activa sin importar el partido político del infractor. Según detalló, el proceso para arrebatar la titularidad de los activos consta de tres etapas fundamentales.
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Congelamiento preventivo: La UIF inicia el proceso al inhabilitar las cuentas bancarias o asegurar de manera preventiva los bienes vinculados a posibles actos ilícitos y de corrupción.
Defensa legal: El propietario de los bienes cuenta con el derecho y el tiempo legal para reclamar los recursos directamente ante la UIF o acudir a los tribunales correspondientes.
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Juicio final: Si los propietarios agotan las instancias legales sin éxito y la reclamación no prospera, el Gobierno, a través de la FGR, promueve los juicios de extinción de dominio para incorporar definitivamente esos bienes al patrimonio público.
¿Qué pasará con los bienes de Odebrecht y Agronitrogenados?
La efectividad de esta maquinaria judicial ya presenta sus primeros resultados de alto impacto. Recientemente, la FGR obtuvo sentencias favorables y definitivas en dos de los casos de corrupción más mediáticos de la nación: Odebrecht y Agronitrogenados, ambos fuertemente ligados al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Tras cinco años de complejo litigio y una apelación exitosa ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil, el Estado logró en mayo de 2026 la extinción de dominio de una residencia valuada en 51 millones 701 mil 973 pesos. Este inmueble, localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, fue adquirido originalmente con recursos provenientes de la venta a sobreprecio de la planta de Altos Hornos de México.
¿Qué hace el INDEP con las propiedades subastadas?
Una vez que el Estado gana el juicio en los tribunales, los inmuebles se transfieren de manera inmediata al INDEP para su subasta pública. No obstante, el instituto enfrenta importantes retos comerciales. A modo de ejemplo, durante las subastas periódicas de mayo de 2026, el INDEP ofertó 211 inmuebles agrupados en 75 lotes, pero únicamente logró vender cuatro propiedades, recaudando poco más de 47.8 millones de pesos.
De acuerdo con los registros, las propiedades ligadas a figuras del crimen organizado difícilmente reciben ofertas por parte de los compradores. A pesar de ello, la Jefa del Ejecutivo garantizó que todo el dinero obtenido de estas subastas y de las cuentas inhabilitadas se inyectará directamente a proyectos sociales. Como un precedente de éxito, recordó la venta del avión presidencial de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyos ingresos financiaron la construcción de dos hospitales.
¿Cuándo se presentarán los informes de transparencia de la FGR y UIF?
Para combatir la opacidad que pudiera rodear el manejo de estas fortunas incautadas, la presidenta instruyó a la UIF, la FGR y el INDEP a mantener a la ciudadanía informada sobre los bienes del Estado.
El gobierno se comprometió a presentar un informe público en su conferencia matutina "por lo menos una vez al mes", con posibilidad de que se realice cada 15 días. En este espacio, se detallará con estricta transparencia la cantidad de recursos que se recuperan mediante las sentencias ganadas y a qué comunidades específicas se otorgan los fondos