En una decisión clave para el desarrollo de la conectividad en el país, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los cobros especiales y permisos específicos que los municipios imponen para la instalación de antenas de telefonía y telecomunicaciones.
Por unanimidad de votos, los ministros respaldaron el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, correspondiente a la controversia constitucional 104/2026. Este recurso fue promovido originalmente contra el municipio de San Marcos, Guerrero, el cual había establecido tarifas y autorizaciones particulares para permitir la operación de dicha infraestructura en su territorio.
El fallo de la Corte delimita con claridad las fronteras de competencia entre los distintos niveles de gobierno. Si bien la resolución reconoce que los ayuntamientos conservan intactas sus atribuciones legítimas en materia de desarrollo urbano y expedición de licencias de construcción generales, subraya que no pueden legislar ni aplicar cobros diseñados exclusivamente para el sector de las telecomunicaciones.
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De acuerdo con la Constitución, la regulación de este sector está reservada de manera estricta al ámbito federal. El objetivo de esta exclusividad es mantener un marco normativo unificado en todo el país que evite lagunas o abusos recaudatorios locales.
Al defender su propuesta ante el Pleno, la ministra Esquivel Mossa advirtió sobre los riesgos que implicaría otorgar estas facultades a los gobiernos locales:
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"Permitir que cada municipio establezca autorizaciones o cobros particulares, por antenas, mástiles u otra infraestructura de telecomunicaciones, generaría una fragmentación regulatoria incompatible con el diseño constitucional del sector".
Asimismo, la ministra enfatizó que el despliegue de tecnología requiere una uniformidad nacional indispensable para garantizar cuatro principios fundamentales del servicio público: la cobertura, la continuidad, la interoperabilidad y el acceso efectivo de la población a las telecomunicaciones.
Con esta resolución, el Máximo Tribunal sienta un precedente definitivo que frena las intenciones de diversos municipios del país de gravar la infraestructura de red, un obstáculo que, según especialistas del sector, solía retrasar la llegada de telefonía e internet a las comunidades más apartadas de México.