Este 22 de junio de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un proyecto determinante para el sistema económico. La iniciativa propuesta por la ministra Yasmín Esquivel Mossa en el amparo en revisión 125/2026, declaró como plenamente constitucional el artículo 37, fracción V, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
¿Por qué la SCJN avaló revocar permisos a las SOFIPOS?
El máximo tribunal resolvió que es constitucional otorgar facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para revocar la autorización operativa de una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) si esta llega a incumplir con los requerimientos técnicos de capitalización exigidos por la ley.
La ministra Esquivel Mossa explicó detalladamente que esta facultad sancionadora obedece a los principios consagrados en los artículos 25 y 28 de la Constitución. Es decir, corresponde directamente al Estado la tarea de conducir y regular ciertas actividades económicas que, por su alta complejidad técnica y profunda relevancia social, demandan obligatoriamente la intervención de órganos especializados en la materia.
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Bajo este contexto legal, la CNBV opera como el órgano técnico especializado responsable de supervisar y regular estrictamente a todas las entidades que integran el sistema financiero mexicano. Por lo tanto, el proyecto avalado por la Corte concluye que es constitucionalmente válido que los legisladores otorguen a esta Comisión la capacidad de retirar autorizaciones cuando no se respetan las normativas de capitalización.
¿Por qué garantizar el ahorro de las personas es prioridad?
La resolución va más allá del ámbito regulatorio. Esquivel Mossa subrayó la inmensa importancia de que la Comisión vigile permanentemente los niveles de capitalización de las entidades financieras, ya que esto garantiza que dichas instituciones mantengan los recursos propios suficientes para absorber cualquier pérdida derivada de los riesgos de crédito y de mercado.
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Al reconocer la validez de esta medida cautelar, la SCJN no solo asegura el respeto al orden constitucional de México, sino que establece un blindaje para proteger a los gobernados que confían sus ahorros o solicitan créditos en las sociedades financieras populares, instituciones que fueron creadas específicamente para atender y procurar a los sectores poblacionales que carecen de acceso a los bancos tradicionales.