La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. consideró positivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la viabilidad de la muerte digna como un derecho en el país, luego de que el Máximo Tribunal decidió reasumir su competencia para resolver un amparo clave que cuestiona las prohibiciones legales vigentes sobre la eutanasia.
¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre la eutanasia y la muerte asistida?
En su sesión del pasado 17 de junio, la Suprema Corte determinó reasumir su competencia originaria para resolver el amparo en revisión 147/2026. Este recurso proviene del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
El objetivo central de este análisis jurídico será evaluar la constitucionalidad de los artículos e incisos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal que actualmente penalizan y prohíben de forma estricta los procedimientos de eutanasia y auxilio al suicidio en el territorio nacional.
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¿Por qué la Barra Mexicana de Abogados respalda esta decisión?
De acuerdo con el pronunciamiento del colegio de especialistas, la intervención de la Corte es un paso relevante debido a los siguientes factores institucionales:
- Refleja la trascendencia constitucional de la discusión en el contexto jurídico actual.
- Abre un espacio formal de deliberación sobre el marco legal del Estado Constitucional de Derecho.
- Permite revisar cómo el orden jurídico protege la dignidad, autonomía y libertad individual frente a padecimientos médicos definitivos.
¿Cuál es el impacto de este amparo para los enfermos terminales en México?
El análisis de la Suprema Corte se centrará en definir el alcance real de los derechos humanos en pacientes que enfrentan enfermedades o padecimientos irreversibles, evaluando su capacidad legal para tomar decisiones autónomas sobre el término de su propia existencia.
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La Barra Mexicana manifestó su confianza en que las deliberaciones del Máximo Tribunal darán origen a una doctrina constitucional sólida en la materia. Asimismo, la organización civil apuntó que el fallo final deberá fortalecer la agenda de los derechos humanos en el país, fundamentándose estrictamente en los principios constitucionales y en los tratados convencionales aplicables a la legislación mexicana.