Un grupo de pescadores integrantes de la cooperativa Eustaquio Urías, en el campo pesquero Paredones, denunció haber sido excluido de su organización tras obtener empleo en la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).
Los afectados señalan que su salida no obedeció a irregularidades internas, sino a su decisión de laborar en el proyecto industrial, en medio de un contexto donde se exige alineamiento contra dicha planta.
De acuerdo con los testimonios, esta medida ha afectado a aproximadamente 40 socios, lo que ha detonado al menos cuatro demandas laborales por despidos calificados como injustificados.
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¿Por qué existe tensión entre pescadores y la planta GPO?
La polarización dentro de las comunidades pesqueras ha convertido la discusión sobre la planta de fertilizantes en una disputa social y económica. Los denunciantes aseguran que la dirigencia de la cooperativa mantiene una postura afín a colectivos opositores al proyecto, influyendo en decisiones que sancionan a quienes buscan alternativas laborales.
- Hostigamiento social: Los trabajadores afirman enfrentar señalamientos y agresiones verbales, siendo etiquetados como "traidores" por trabajar en la planta.
- Temor a represalias: Los afectados mantienen su identidad en reserva debido a riesgos personales y la alta tensión social en sus comunidades.
La crisis pesquera impulsa la búsqueda de empleos alternativos
Para muchos pescadores, la decisión de integrarse al proyecto industrial responde al deterioro de la actividad pesquera, la cual carece de estabilidad debido a la estacionalidad y al agotamiento de recursos.
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Según los testimonios, factores como la pesca fuera de temporada y el incumplimiento de vedas han contribuido al daño del ecosistema, disminuyendo los ingresos de las familias.
Ante este panorama, el proyecto industrial se ha presentado como una opción con pagos quincenales y prestaciones superiores a las obtenidas en la pesca.
"La empresa se ha portado a la altura. Nos han pagado en tiempo y forma, incluso con los bloqueos", puntualizaron los trabajadores, defendiendo la estabilidad laboral que han encontrado en la planta.
La situación en Topolobampo refleja una fragmentación que rebasa la discusión ambiental. Los pescadores sostienen que el conflicto ahora gira en torno al derecho individual de buscar sustento económico sin sufrir sanciones en sus organizaciones de trabajo. "No todos pensamos igual, pero eso no debería ser motivo para quitarnos nuestro lugar", concluyeron los denunciantes.