El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé exonerar a Martín Jesús López Obrador, hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al concluir que no existen pruebas suficientes para acreditar que recibió recursos ilegales destinados a beneficiar a Morena durante el proceso electoral de 2018.
De acuerdo con un proyecto que será discutido este viernes por el Consejo General del INE, se propone declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Morena, Martín Jesús López Obrador y David Eduardo León Romero.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por el PAN y el PRD, luego de que en 2021 se difundiera un video en el que presuntamente se observa a David León entregando dinero en efectivo a Martín López Obrador.
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En aquel material, difundido por Latinus, se señalaba que las cantidades entregadas ascendían a 166 mil y 150 mil pesos y que los recursos estarían destinados al movimiento encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador.
Según el expediente, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó diversas diligencias desde agosto de 2021 para determinar si existió financiamiento paralelo a favor de Morena y si esos recursos fueron reportados ante la autoridad electoral.
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Durante las investigaciones, el INE intentó localizar a Martín Jesús López Obrador en distintos domicilios ubicados en Yucatán, Chiapas, Sinaloa y Tabasco, sin obtener resultados.
Asimismo, la autoridad electoral solicitó información a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, aunque ésta no proporcionó datos argumentando la existencia de secreto ministerial.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que no encontró investigaciones, operaciones inusuales o movimientos financieros que vincularan al hermano del ex mandatario con actividades irregulares.
El INE también revisó cuentas bancarias de los involucrados y no detectó depósitos o retiros que coincidieran con los montos señalados en la denuncia.
Morena sostuvo durante el procedimiento que el video difundido no constituía una prueba suficiente para acreditar una infracción electoral o un financiamiento ilícito.
Tras concluir las indagatorias, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó que no existe evidencia que permita establecer un vínculo entre las supuestas entregas de dinero y un esquema de financiamiento paralelo para beneficiar al partido.
“De los medios probatorios obtenidos no existe un vínculo que permita tener un nexo causal entre la verdad conocida y la verdad buscada”, señala el proyecto.
Con esta resolución, el organismo electoral perfila cerrar una investigación que permaneció abierta durante casi cinco años.