El integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía, solicitó formalmente iniciar juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y contra el titular de la Fiscalía de Justicia del estado, Federico Fernández.
Al entregar el recurso legal ante la Secretaría General de la Cámara, el parlamentario federal argumentó violaciones a los derechos humanos e intervención ilegal en las elecciones de diputados locales disputadas el pasado 7 de junio, con el fin de dar el triunfo al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“En contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas y el fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández, por violaciones graves a la Constitución Política de la República, a la Constitución Política del estado, por violaciones graves a los derechos humanos de los coahuilenses, por alterar el proceso democrático y la celebración de elecciones libres y auténticas el pasado 7 de junio”, refrendó.
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Acusó al gobernante de la entidad de permitir alteraciones al proceso democrático, abuso policial, secuestros y hasta tortura antes, durante y después de los comicios.
“El gobernador instruyo a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo. Estos hechos sucedieron antes, durante y posteriormente a la jornada electoral de Coahuila y todavía después de estos hechos, el propio gobernador se jactó de que en Coahuila cualquier policía puede detener”, recriminó.
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Aunado a esas anomalías, advirtió que el PRI en la entidad aplicó la estrategia de compra del voto a través de códigos QR para asegurarse de que el sufragio les haya favorecido.
Mejía Berdeja subrayó que, en los comicios locales, incluso legisladores federales que acudieron a la entidad fueron privados de la libertad y maltratados por policía estatal, a la que llamó “policía política”.
Entre otras anomalías que la autoridad electoral debe valorar, agregó el petista, está la entrega de programas sociales durante los comicios, lo que también configura una anomalía y una violación a la equidad de la contienda.
Relató que servidores públicos de Coahuila estuvieron presentes en los conteos de votos en las casillas e intimidaron a los observadores que, como él, cuando participó en esas tareas en el municipio de Frontera, fue amedrentado por policías estatales.
Advirtió que las de Coahuila no fueron elecciones limpias, ya que el PRI implementó la modalidad de compra del voto por 500, 600 y hasta mil pesos a través de códigos QR.
El legislador federal aseguró que al candidato de su partido, Antonio Flores y su hermana de nombre Tania, fueron golpeados en Muzquiz.
De acuerdo a la información difundida en la prensa local y videos proyectados en redes sociales, grabados por el propio Flores e integrantes de su equipo cercano, se vio al congresista cuestionar al personal policial y demás personas que llegaron al lugar.
El polémico petista se exhibió hablando con groserías a los elementos policíacos, intercambiando empellones, golpes y gritos con ellos, ostentar su cargo de diputado local y acusar que fue la policía la que lo golpeó a él y sus acompañantes, y que los uniformados estaban protegiendo a los priistas.
Mejía Berdeja señaló que un hombre, cuya identidad no reveló, fue detenido antes de las votaciones y reveló haber sido presionado para que grabara un video incriminándolo por distintos delitos.
Dijo que, de acuerdo al testimonio del detenido, lo amenazaron elementos policíacos identificados con los sobrenombres de “El Boxer”, el “Jaguar” y otra persona, que habrían advertido que cuando termine la actual legislatura irían “por él”.
En consecuencia, responsabilizó a los señalados por su integridad física y lo que le pueda ocurrir a él y a otros petistas.
De igual modo, hizo un llamado de manera errónea, a que la “Sección Instructora” avance en el juicio político contra el dirigente nacional y senador del PRI, Alejandro Moreno.
El petista se equivocó de instancia ya que los juicios políticos se tratan en la Subcomisión de Examen Previo, que ni siquiera se ha instalado; aunado a que el procedimiento contra Moreno Cárdenas, que sigue en pie, es un desafuero que sí se está abordando en la Sección Instructora.