En la Cámara de Diputados se prevé meter de nuevo el acelerador en el tema electoral con el Plan B que la Presidenta de la República enviará al Legislativo la semana entrante, estimó el presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, Víctor Hugo Lobo.
El congresista del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reconoció que el asunto debe tratarse con rapidez, debido a los plazos que tienen los parlamentarios para sacar adelante reformas en materia electoral.
Recordó que ese tipo de modificaciones tienen que ser aprobadas con tres meses de anticipación al arranque del proceso electoral, lo que ocurrirá en septiembre próximo, por lo que el límite para sacarlas adelante y que también avancen en el Senado y congresos estatales, es el mes de mayo.
“Por ley nosotros tenemos hasta 45 días para hacer esto, pero evidentemente tendríamos que estar revisándolo al seno de la Comisión, platicarlo con todos los grupos parlamentarios, pero efectivamente tendría que ser un proceso que nos de tiempo a discusión, pero no debería de pasar más de, seguramente tres semanas a que pudiéramos tener una conclusión de consenso amplio para poderlo llevar a un posible dictamen (…) seguramente finales de marzo, principios de abril”, perfiló.
Convencer al PT y al PVEM
Lobo Román agregó que se hará el esfuerzo necesario para convencer a los aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) para que en esta ocasión acompañen el proyecto presidencial.
Incluso, consideró que el hecho de que la Presidenta de la República los haya convocado a Palacio Nacional para revisar la nueva propuesta, facilitará más la aprobación y que la votación de mayoría calificada se obtenga.
Indicó que, en esta ocasión, las propuestas anunciadas por la mandataria federal para recortar gastos en congresos locales, municipios, así como abrir las consultas populares a temas que por el momento están prohibidos, como lo electoral, no generarán mayor controversia.
El morenista manifestó que no ve riesgo de fracturas en el bloque mayoritario, aunado a que hay un ambiente propicio para que el Plan B avance.
Descartó que los planteamientos anunciados en Palacio Nacional violenten la soberanía de las entidades federativas y la autonomía e independencia de las legislaturas locales