La Presidenta de la República envió a la Cámara de Diputados, una nueva propuesta de reformas, en este caso en materia de vivienda.
La mandataria federal propuso adecuar el marco en la materia para fortalecer los conceptos de vivienda adecuada, reforzar la coordinación institucional con los organismos encargados del tema, es decir, el INFONAVIT y el FOVISSSTE.
Propuso cambiar los conceptos de vivienda “digna y decorosa” por el de vivienda “adecuada”.
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También, reconocer a los “actores” señalados como parte de la Política Nacional de Vivienda, para articular de manera efectiva esas instituciones.
Características de la vivienda “adecuada”
Propone cambiar la palabra “familia” por la de “persona” en lo referente a disposiciones que establecen que se podrá disfrutar de una vivienda “adecuada”.
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Al concepto de vivienda “adecuada”, añade la “accesibilidad”, “adecuación cultural”, “asequibilidad” o un costo financiero accesible, “disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura”, “habitabilidad”, “seguridad e la tenencia” o protección legal contra los desalojos forzosos; “ubicación, es decir, que se encuentren en sitios cercanos a fuentes de empleo, servicios de salud, escuelas y otras instalaciones sociales.
Uso de fondos del INFONAVIT y FOVISSSTE
En cuanto a los organismos encargados de materializar el acceso a la vivienda, incluye a las instituciones que otorguen crédito, financien por sí mismos o a través de terceras personas, construyan vivienda para los trabajadores o cualquier otra persona.
Añade que las inversiones y “aportaciones” que realicen dependencias y entidades de la administración pública federal para la construcción de vivienda, así como “las filiales” que tengan, participarán en la política de vivienda.
Añade que las instituciones referidas podrán “adquirir, rehabilitar, construir viviendas, demoler y financiar la autoproducción de vivienda, “adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales con los recursos de sus fondos, para enajenar o arrendar viviendas”, generando condiciones para que los trabajadores obtengan créditos “baratos y suficientes”.
Los institutos “podrán transmitir bienes inmuebles y las unidades privativas con uso distinto a la vivienda” de su propiedad, conforme a la norma que se establezca.
Si se construyen conjuntos habitacionales, o se rehabilitan o adquieren, podrán “incluir unidades privativas destinadas a servicios complementarios”.
Añade que las medidas propuestas deberán realizarse salvaguardando en todo momento “el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras”.
En ningún momento podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos.