En un llamado desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena demandaron medidas drásticas para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, señalando que este flujo ilegal es el motor principal de la violencia actual.
El origen de la violencia: el 78% de las armas son importadas
De acuerdo con el diputado Jesús Valdés Peña, la presencia de armas de fuego es una constante en el 70 por ciento de los delitos cometidos en el país. Las propias instancias de seguridad estadounidenses han reconocido que aproximadamente el 78 por ciento de este arsenal procede de su territorio.
Los legisladores advirtieron que operativos recientes, como el realizado en Jalisco el pasado fin de semana, han evidenciado la entrada de armas de alto calibre que generan temor y desesperación en la población civil, afectando gravemente el tejido social y la seguridad nacional.
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El costo humano y la batalla legal contra armerías
La diputada María Rosete enfatizó que el tráfico de armas tiene un rostro humano doloroso: madres enterrando a sus hijos y comunidades enteras viviendo bajo el asedio de los disparos. "Alguien las fabrica y alguien permite que crucen la frontera", aseveró al señalar que las empresas estadounidenses se enriquecen mientras las colonias mexicanas se desangran.
Ante este panorama, recordaron que México mantiene una acción jurídica histórica en tribunales de EU contra fabricantes y distribuidores, acusándolos de prácticas comerciales negligentes que facilitan el flujo ilegal hacia manos criminales.
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Reformas y el papel de la justicia internacional
Para fortalecer la lucha frontal contra este flagelo, la diputada Selene Ávila Flores adelantó que ya se preparan modificaciones al andamiaje jurídico en materias de seguridad pública y nacional. Asimismo, se instó a la ciudadanía a estar pendiente de la opinión consultiva que emitirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo jueves 5 de marzo.
Esta opinión, solicitada originalmente bajo la gestión de la Cancillería mexicana, busca determinar la responsabilidad de los Estados y las empresas privadas en la protección de los derechos humanos frente al comercio indiscriminado de armamento. Con estas acciones, los legisladores buscan transitar de los discursos a la prevención y la justicia real para las víctimas del tráfico de armas.