El Senado de la República impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual aprobó la implementación del procedimiento denominado “8 de 8”, cuyo propósito es verificar que las 3 mil 422 candidatas y candidatos que participan en la elección judicial, no hayan incurrido en casos de violencia.
Humberto Acosta Olivar, director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de la Cámara Alta, argumentó que el INE “pretende prohibir” a dicha cámara y a sus 128 integrantes, “como garantes de la protección de derechos humanos, dotar a la población de la oportunidad de tener un verdadero acceso a la justicia con nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación”.
Agregó que los juzgadores serán “elegidos como mandata la Constitución, a través de un procedimiento que ya fue establecido y firme, tan es así que ya se está fomentando y promoviendo e invitando a la ciudadanía a acudir a las urnas el día de la jornada electoral del próximo uno de junio”.
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El juicio general 38/2025 fue turnado a la ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien deberá elaborar el proyecto de resolución.
Cabe recordar que como parte del ‘8 de 8’ se verificará que los contendientes no tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar o doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política en cualquiera de sus modalidades, o ser declarada como deudora alimentaria.
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Por este motivo, las y los aspirantes deberán llenar un formato en el que declaren, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en esos supuestos. En caso de no ser así, su triunfo podría ser anulado.
Tras la aprobación del acuerdo, desde el viernes 25 de abril, los ciudadanos y las organizaciones civiles pueden aportar información al INE de aquellos aspirantes que no cumplan con los requisitos que establece la Constitución.
Una vez concluido este proceso, el 15 de junio la autoridad electoral tendrá que aprobar la resolución en aquellos casos en los que se determine que una candidata o candidato no cumple con los requisitos.