La Cámara de Diputados aprobó en lo general por unanimidad de 456 votos a favor, las propuestas de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbuam, en materia de combate a la extorsión.
De inicio, todas las fracciones parlamentarias respaldaron el planteamiento.
Sin embargo, en la discusión particular, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a través del coordinador, Ricardo Monreal descafeinó el proyecto al rebajar las penas para servidores públicos que no denuncien delitos de extorsión y con ello se conviertan en cómplices.
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Monreal Ávila justificó su propuesta de reducir de 10 y hasta 20 años de cárcel a funcionarios que no denuncien extorsiones cuando tengan conocimiento de que se comete el delito, a seis años como mínimo y 12 como máximo de prisión.
Dijo que no es racional ni proporcional penalizar más a un cómplice, que al extorsionador.
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También admitió que los ajustes al marco legal podrían ser retroactivos.
Al intentar evitar esa modificación que “echa a perder” lo propuesto por la jefa del Ejecutivo, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, hizo una contrapropuesta: elevar la pena base contra la extorsión, en lugar de bajar las sanciones para funcionarios que no denuncien el delito.
Aunque pidió no generar sospechas respecto a que el cambio introducido es la “reserva Bermúdez”, en referencia al líder de la agrupación criminal de “La Barredora”, Hernán Bermúdez, ligado al exgobernador de Tabasco y ahora líder morenista en el Senado, Adán Augusto López, su petición no fue atendida.
Se aprobó la “Ley Bermúdez”, denunció el integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez.
La bancada del Partido del Trabajo (PT), dejó en claro a través de la diputada Lilia Aguilar, que no estaba de acuerdo con la reducción de penas impulsada por Monreal Ávila. Coincidió en alertar, como antes lo hicieron legisladores del bloque opositor, en que la norma podría permitir la salida anticipada de prisión de aproximadamente 600 personas sentenciadas por extorsión.
El morenista Hugo Eric Flores salió en defensa del ordenamiento, exigiendo que se le llame la “Ley Sheinbaum-Harfuch”.
Al aceptar el polémico cambio, el bloque mayoritario aprobó el proyecto en lo particular, con 339 votos a favor.
La oposición y escasos integrantes del PT y del Partido Verde (PVEM), emitieron 100 en contra. Hubo cuatro abstenciones, incluyendo la de la diputada Aguilar Gil.
Lo avalado en San Lázaro se turnará al Senado de la República.
Acciones contra la extorsión
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, destacó elementos como el tipo penal único a nivel nacional en materia de extorsión y que las víctimas podrán denunciar de manera anónima el delito.
Dicha actividad ilícita se perseguirá “de oficio” y se cumplirá con la disposición de bloquear de inmediato los números celulares desde los cuáles se comete el ilícito, en especial los localizados en centros penitenciarios.
“Pone en el centro a la víctima y no al delincuente, a partir de ahora la extorsión se investigará de oficio, ya no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe. Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias, por fin, le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades. Además se protege la identidad de las víctimas y testigos, se podrán hacer denuncias anónimas”, remarcó.
Hizo énfasis en la utilización de medios tecnológicos para combatir e investigar el delito, así como la cooperación con las empresas telefónicas para bloquear inmediatamente los números telefónicos utilizados para extorsionar.
“Se ordena a las autoridades bloquear de inmediato los números telefónicos donde se cometan estas llamadas y a las empresas de telecomunicaciones colaborar activamente en esta tarea. Así se ataca el corazón del problema de la impunidad digital y además, se combate a la extorsión desde el interior de los penales. Cualquier teléfono detectado dentro de una prisión podrá ser rastreado y bloqueado, ya que se tendrá la facultad de solicitar el bloqueo inmediato a las compañías telefónicas”, agregó Moreno Rivera.
Medidas contra la extorsión
Para combatir la extorsión a nivel federal, estatal y municipal, habrá un solo tipo penal con una sanción básica aplicable en todo el país, enfatizó.
Las autoridades federales, municipales y estatales aplicarán una sola norma y las mismas reglas.
La víctima podrá denunciar de manera anónima al número 089 y contar con acompañamiento de la autoridad, para hacer frente a posibles represalias en su contra.
Habrá 34 variantes de la extorsión que serán penalizadas en distintos grados, conforme al daño que provoquen, anotó.
En medio de pancartas con la frase “Tolerancia cero a la extorsión”, sostenidas por sus compañeros de fracción, Moreno Rivera pidió no pasar por alto que el delito se comete no solo a través del cobro de piso, sino por teléfono, a través de redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas hechas desde centros penitenciarios.
Incluso, a través de acciones de los llamados “montachoques” y los préstamos conocidos como “gota a gota”, a través de los cuáles grupos delincuenciales que facilitan acceso a dinero a personas con necesidad, las persiguen, presionan, golpean e incluso asesinan si no pagan en las condiciones que se les imponen.
En casos de extorsión, no aplicarán beneficios como libertad anticipada y conmutación de la pena.
Asimismo, las entidades de la República deberán ajustar sus respectivas leyes para armonizarlas conforme a las disposiciones generales.
Fallas en la reforma contra la extorsión
Al plantear críticas al proyecto, el diputado del PRI, Alejandro Domínguez, lamentó las fallas en la propuesta y que ésta se procese con prisas, sin el cuidado debido.
Integrantes del Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) compartieron esas críticas.
Aunque aclararon que en lo general darán su voto a favor, puntualizaron que aprobar la norma sin destinar recursos para que se cumpla en los hechos, resultará en buenas intenciones y difícilmente frenará el ilícito.
“Tenemos claro que hay agravantes, sí, pero agravantes que son genéricas, que no están muy claras y que pueden prestarse a errores en la aplicación de la norma. Tenemos claro que las medidas de protección que señalan ya están previstas en una ley diferente. Tenemos claro que la estrategia de prevención que están proponiendo no hay una definición de ella, no hay tiempos, no hay criterios para la evaluación y para hacer una revisión puntual de esta estrategia. Tenemos claro que la Unidad Antisecuestro será la que investigue, pero también tenemos claro que no se le dieron facultades”, expresó el priísta Alejandro Domínguez.
Reclamaron que los cambios propuestos por la Presidenta reducirán las penas que se aplican en algunos estados de la República y podrían provocar que personas sentenciadas por el delito pudieran quedar en libertad.
“De nada va a servir si no ponemos realmente atención a los detalles e incrementamos esta sanción como lo están pidiendo las familias, como lo están pidiendo los comerciantes y de nada va a servir si no tenemos la voluntad
Antes del arranque del debate, el presidente de ese órgano de gobierno, Ricardo Monreal, señaló que el proyecto se discutiría este mismo martes, pese a que la Junta de Coordinación Política encabezada por él mismo, decidió el día anterior programar la discusión para este miércoles 29 de octubre.