Trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron este miércoles en la sede de la embajada de Canadá en México.
Carlos Ávila, secretario de juzgado en materia administrativa, comentó que el propósito de la manifestación fue para pedirles a las autoridades de aquel país que alerten sobre los riesgos que implica la reforma judicial para la economía y el T-MEC.
“Necesitamos poder enfatizar con ellos el apoyo para el rechazo a esta reforma judicial, venimos a destacar qué es lo que está en riesgo, que son inversiones por más de 700 mil millones de dólares y evidentemente también el riego que trae el incumplimiento de este tratado internacional porque México se vería afectado y tendría que ser parte en diversos foros y ante autoridades internacionales para dirimir controversias”.
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Mientras tanto, en Querétaro, jueces y magistrados presentaron la “demanda madre” contra el decreto de reforma judicial, la cual estará disponible para todos los integrantes de la judicatura y demás personas interesadas.
Al respecto, Carlos Ávila detalló que esta demanda marca el inicio de la batalla jurídica.
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“Esta demanda madre será la que marque el inicio de las impugnaciones que se harán en contra de la reforma judicial. A través del amparo indirecto que es la vía de control constitucional para poder revertir estas decisiones autoritarias”.
En este contexto, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia advirtió que la reforma judicial no fortalece ni transparenta los mecanismos de selección de operadores de justicia, sino que posibilita que actores externos tengan influencia en el nombramiento de las personas que imparten justicia, politizando completamente la justicia, afectando la independencia e imparcialidad propia de la función.
Agregó que su diseño institucional tiene un alto riesgo de injerencias indebidas de poderes políticos que afectarían el derecho a un juicio justo e imparcial de ciudadanas y ciudadanos en México.