Integrantes de la organización civil Save Democracy advirtieron que la reforma al poder judicial que podría aprobarse en los próximos días en el Congreso de la Unión, agravará los problemas que busca resolver, transformará a jueces, magistrados y ministros en un conjunto de empleados, desmantelará el estado de derecho y provocará un retroceso en México.
Durante un foro virtual, Edgardo Buscaglia, fundador de dicha organización que reúne a especialistas de diversos países, afirmó que la propuesta no incluye a todos los eslabones del sistema de justicia, ya que faltan policías, fiscalías y el sistema penitenciario.
Aseguró que el poder judicial se transformará en un conjunto de empleados del Ejecutivo y se eliminarán las capacidades de control constitucional.
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“Es un mecanismo institucional que está usando este gobierno para transformar a un poder del estado en un conjunto de empleados al servicio del poder ejecutivo en turno, eso es todo”, señaló.
El investigador criticó la incorporación de la figura de jueces sin rostro, al señalar que las han utilizado en el pasado los regímenes dictatoriales y que su funcionamiento solo ayuda a tener un mayor control sobre los jueces, incluido el crimen organizado.
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Por su parte, Delia Ferreira, consultora y expresidenta de Transparencia Internacional, sostuvo que para impulsar la reforma se usan argumentos bien intencionados pero falaces.
Afirmó que el caso de Bolivia no ha sido exitoso y que, a pesar de la elección popular de jueces, el sistema de justicia es peor que el mexicano, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en el mundo.
“Uno de los argumentos que utiliza el presidente López Obrador, es que en Bolivia los jueces son electos, después del estado plurinacional, etc; Bolivia en ese mismo índice para ese mismo año rankea por debajo de México, o sea que con los jueces electos Bolivia tiene 0.37 puntos sobre 1 posible, y ocupa el lugar 132 de 142 países”, indicó.
En tanto, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, exmagistrado del Tribunal Electoral Federal, reconoció que hay pocas opciones para tratar de evitar que la reforma al poder judicial avance.
Dijo que una de ellas, es que sigan las protestas en las calles, al advertir que las manifestaciones de jóvenes universitarios han preocupado al gobierno y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Por su parte, Jesùs Orozco Henríquez, académico de la UNAM, exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exmagistrado electoral, insistió en que la reforma agravará los problemas que busca solucionar, además de que el país se encaminará a un régimen autoritario y se aplastará a las minorías.