En la Cámara de Diputados, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cayeron en contradicciones sobre el presunto desafuero contra el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alejandro Moreno.
En la reunión de la Comisión Jurisdiccional, el vicecoordinador Leonel Godoy afirmó que el desafuero de “Alito” no avanzó porque no había condiciones en la Sección Instructora para desaforar al priísta.
Ello, debido a que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) no quisieron.
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Los dos integrantes de tricolor y el albiazul, con el respaldo del Sol Azteca, hacían empate en la Instructora y no permitían destrabar decisiones, aunado a que consideraron al dirigente priísta como “perseguido político”, relató Godoy Rangel.
“Pero tenemos el caso por ejemplo de Alejandro Moreno, que tenía una solicitud de declaración de procedencia o desafuero por la Fiscalía de Campeche y ni siquiera pudimos entrar al análisis del caso porque no había esas condiciones de integración de la Instructora”, detalló Godoy Rangel.
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El también integrante de la Instructora, junto con el presidente de esa instancia y también morenista, Jaime Humberto Pérez, no podían desempatar el caso de Alito, reconoció el vicecoordinador.
“Fue público cuando se presentó por parte de la Fiscalía de Campeche esta solicitud, de inmediato el PRI, el PAN y el PRD dijeron que no estaban de acuerdo que, porque era un perseguido político, Alejandro Moreno, lo cual para nosotros eso no es cierto. Pero así fue considerado y prejuzgaron y resolvieron no apoyar, pues ahí ya sabíamos que estaba empantanada la primera etapa de este juicio de procedencia”, explicó.
Otra versión sobre el desafuero de Alito
Minutos antes, el presidente de la Sección Instructora, dio una versión distinta a la del diputado Godoy.
Insistentemente y reacio a aclarar qué pasó con ese caso y por qué no se trató en la Instructora, cuando la Fiscalía de Campeche acudió con su titular Renato Sales, personalmente al recinto a anunciar el asunto y promover el recurso, el diputado Pérez Bernabé argumentó que el caso no se trató, porque nunca hubo un expediente formalmente presentado.
El legislador se centró en afirmar que la Instructora no puede tratar casos que no llegan a sus manos y eso fue lo que ocurrió con la solicitud de desafuero de Moreno Cárdenas.
Destrabar la nueva Ley de juicio político y desafuero
Por otra parte, al clausurar los trabajos de la Comisión Jurisdiccional, los morenistas se pronunciaron a favor de que la siguiente Legislatura destrabe la minuta del Senado con la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Aseguraron que la ley vigente, de Responsabilidades de los Servidores Públicos es “anacrónica” y está diseñada para que, a través de vericuetos legales, los funcionarios contra los que se pide desafuero o bien, juicio político, queden impunes.
La norma vigente, insistieron, está hecha para proteger a los señalados por corrupción, para que las demandas en su contra no avancen.
Recalcaron que la integración de la Sección Instructora, con cuatro miembros, propicia que los asuntos se “empantanen” y basta con que “el bloque conservador” se oponga o no coincida con la mayoría morenista, para que los desafueros no se procesen, aprovechando el empate.