La reforma judicial propuesta por el Presidente es ineludible, a más tardar en 2027 tendrán que ser aprobadas las reformas necesarias a nivel local.
También avanzará rápidamente la elección de la totalidad de los juzgadores en el país, anticipó la senadora electa de Morena y designada como siguiente titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
Lo anterior, al participar en el sexto foro de discusión organizado por el Legislativo federal.
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“La reforma que estamos discutiendo es ineludible, e implica en mi opinión que a más tardar en el año 2027, deberán estar aprobadas a su vez, las respectivas reformas a las constituciones locales de las entidades y haberse realizado la elección de integrantes de los Tribunales de Justicia, todos”, advirtió.
La ex fiscal de la Ciudad de México dijo estar segura de que habrá acuerdos en el Legislativo para sacar adelante la reforma.
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Puntualizó que la discusión no es un asunto sólo de congresistas ni especialistas, sino de la sociedad.
La gente tiene que saber qué se aprobará en el Congreso y qué debe hacer cuando deban ir a las urnas a elegir jueces.
También pidió no centrar el análisis ni el debate en el tema de las elecciones de juzgadores.
Sustitución gradual de todos los jueces, rápido
A lo largo de los foros, reconoció, se han manifestado la preocupación por la elección extraordinaria de todos los juzgadores a nivel federal y local, a realizarse en 2025, así como peticiones de gradualidad.
El asunto está a discusión, se analizan las propuestas sobre la elección escalonada, pero ésta no puede irse a 40 o 50 años, como han manifestado algunos participantes en los foros, “eso no tiene sentido”, dijo.
Al afirmar que el documento enviado por el Presidente tendrá cambios y no quedará sin que se le mueva una coma, pidió a quienes están haciendo propuestas “ser creativos” en cuanto a la gradualidad, porque la reforma es urgente.
Diálogos no son simulación
En el inicio de su intervención, para la cual debía utilizar 5 minutos, pero se tomó cerca de 20, Godoy Ramos afirmó que el diálogo convocado por el Legislativo federal no es una farsa, porque se tomarán en cuenta los planteamientos hechos por los invitados.
“Que no es un ejercicio vacío, no es un ejercicio en vano, que se han estado sistematizando muchas de las opiniones que se han vertido a lo largo y ancho de todo el país (…) No son ejercicios de simulación estos foros, son verdaderas escuchas que se están analizando para ver cómo llegamos a una reforma”, dijo.
Recalcó que la reforma en estudio “es un primer paso, no es cualquier reforma”, sino un cambio completo a las instituciones de justicia.
Defendió el planteamiento del Ejecutivo Federal al afirmar que su ruta no es arbitraria, es congruente con la Constitución, que establece que el poder público dimana del pueblo y el pueblo decide cómo ajustar sus instituciones.
Afirmó que la elección de juzgadores es una cuestión “natural”, en tanto que el titular del Ejecutivo y los miembros del Legislativo también se eligen.
A la elección de juzgadores por “el pueblo”, no debe haber oposición ni resistencia, sentenció.
Temas que generan preocupación
La extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reconoció que la propuesta presidencial genera otras preocupaciones.
Una de ellas, señaló, se refiere a quiénes estarán en las boletas de elección de jueces y qué condiciones y requisitos se impondrán a los aspirantes.
Hay propuestas de establecer exámenes previos, someterlos a concursos de oposición o darles cursos de capacitación.
Esos elementos están en análisis con el fin de garantizar la probidad de quienes serán propuestos para elección, asegurar que tengan preparación y honorabilidad, indicó.
Participación “casi automática” en la elección
Respecto a los integrantes actuales de los Poderes Judiciales a nivel federal y local, expresó que tendrán derecho de participar en la elección “casi de manera automática”.
Incluso aseguró que no será necesario que los juzgadores en funciones sean propuestos por algunos de los tres Poderes, no obstante, ese punto también está en revisión.
Agregó que los Tribunales locales habrán de ser reformados, y los Congresos estatales tendrán plazos para reformar las respectivas leyes constitucionales de cada estado.
El plazo establecido será firme, para evitar que pasen años y se ponga como pretexto la falta de acuerdos para no aprobar los cambios.