Las impugnaciones presentadas contra las leyes en materia de amnistía y amparo, tienen elementos de sustento suficientes para que la Suprema Corte las admita y resuelva a favor, planteó el integrante de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez.
Afirmó que los recursos señalados documentan puntualmente las violaciones a la Constitución, a derechos humanos, así como la invasión de facultades que la mayoría en el Congreso de la Unión confirió al Ejecutivo al aprobar los ordenamientos.
“Creemos que hay elementos suficientes y no podemos permitir que se reduzcan los efectos y coberturas que nos da específicamente una figura tan importante del derecho mexicano como es el amparo. Creemos que los efectos generales deben de permanecer en circunstancias similares, no podemos hacer distinción en la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos”, expresó respecto a la Ley de Amparo.
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Recordó que la reforma aprobada limita a los jueces, ya que no podrán emitir suspensiones de efecto general sobre normas aprobadas por el Congreso y tampoco sobre decisiones de gobierno que los ciudadanos impugnen, al considerar que afectan sus derechos.
Seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad
El legislador indicó que la oposición dará seguimiento a las dos acciones de inconstitucionalidad entregadas a los ministros de la Corte y pedirán que sean consideradas preponderantes, para que su estudio se lleve a cabo a fondo y con celeridad.
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“Anunciamos que vamos a dar seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado contra las reformas a la Ley de Amnistía y dos, contra las reformas a la Ley de Amparo. Vamos a estar pendientes para que estas dos acciones sean tomadas por la Suprema Corte de Justicia como acciones preponderantes y buscar la cobertura y la acción de la Suprema Corte de Justicia para que se brinde la protección de nuestros derechos humanos en nuestro país”, abundó.
Reformas regresivas
Téllez Hernández manifestó que los ordenamientos impugnados son regresivos ya que afectan derechos adquiridos en beneficio de las personas, en especial de víctimas de delitos, aunado a que se invaden facultades del Legislativo.
Las modificaciones a la figura de la amnistía, no sólo otorgan al Ejecutivo Federal competencias que corresponden al Legislativo, sino que le permitirán al Presidente en turno determinar la libertad adelantada de personas en prisión, “sin importar el tipo de acto criminal” que la persona haya cometido, lo que violenta la garantía de acceso a la justicia, por parte de las víctimas.
Ello, aunado a que el Legislativo tiene facultades exclusivas en materia de indulto, las cuales están siendo rebasadas por la norma aprobada.
En cuanto a la Ley de Amparo, señaló que se trata de una decisión “reduccionista” que impedirá otorgar suspensiones de normas legislativas y acciones de gobierno, con efectos generales y que pudieran beneficiar a todas las personas que se encuentren en la misma situación de afectación a derechos ante actos de la autoridad.
Con esto, abundó, se limita el alcance legal de la figura del amparo y se obligará a que toda persona inconforme, tenga que acudir personalmente a ampararse, lo que resultará costoso y para algunos ciudadanos, imposible de lograr.