Mediante redes sociales, la Corte Internacional de Justicia dio a conocer que México intervendrá en la causa abierta contra Israel, luego de una denuncia presentada por parte de Sudáfrica en la menciona un posible genocidio en la Franja de Gaza.
"El 24 de mayo de 2024, México, invocando el artículo 63 del Estatuto de la Corte, presentó en la secretaría de la corte una declaración de intervención en el caso relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza", se lee en el comunicado.
México busca intervenir con el objetivo de proporcionar su opinión sobre la posible interpretación del contenido de las disposiciones de la Convención relevante en este caso.
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De igual forma se hizo énfasis en que “reconocer y probar” el elemento de la intencionalidad es “fundamental para prevenir y abordar la grave atrocidad del genocidio, garantizar justicia para las víctimas y mantener los estándares legales internacionales”.
Para esto, sostiene que es necesario examinar bajo esta Convención la negativa israelí del acceso de la ayuda humanitaria a la población civil de la Franja.
“En la medida en que crea condiciones de vida calculadas para causar un grave daño corporal y mental a los miembros de un grupo (los palestinos), así como para provocar su destrucción física parcial o total”.
“Las políticas que implican la negación del acceso humanitario resultan en hambruna, que, a lo largo de la historia, se ha utilizado como un medio de guerra y que puede estar estrechamente vinculada con la intención genocida descrita”, agregó México.
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¿Intervendrán otros países?
Al cuestionarse la interpretación de una convención firmada también por otros Estados que no son los involucrados en el caso (Israel y Sudáfrica), esos terceros países también tienen derecho a intervenir en el proceso y ofrecer su opinión legal sobre cómo debería interpretarse el tratado.
Nicaragua y Colombia también solicitaron a la CIJ autorizar su intervención en este caso.
De hecho, la Corte ordenó a Israel “detener de inmediato su ofensiva militar” en Rafah para evitar “la destrucción física total o parcial” de los palestinos de Gaza como grupo protegido por la Convención sobre el Genocidio, y “tomar medidas efectivas para asegurar la entrada sin impedimentos” de ayuda humanitaria.
Además, le exigió garantizar el acceso de misiones de expertos para investigar las denuncias de genocidio.
La CIJ advirtió de que “los valores fundamentales” y los “derechos” de los palestinos que la Convención “busca proteger” son de “tal naturaleza que el perjuicio a ellos es capaz de causar un daño irreparable” a esa población.
Finalmente consideró que hay “urgencia” y “riesgo real e inminente” de que ocurra tal perjuicio, lo que obliga al tribunal a emitir medidas cautelares. (Con información de EFE)