El Registro Nacional de Personas Agresoras de Animales debería estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de que el instrumento aplique a nivel federal, estatal y municipal, pidió la integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Gabriela Sodi.
La congresista señaló que el listado con la información de personas que han cometido delitos contra animales, debe ser manejado por la institución a cargo de la política de seguridad en el país.
Sodi Miranda propuso reformas al Registro señalado y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que la lista en cuestión pase de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la de Seguridad Pública.
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Registro de Personas Agresoras de Animales
Recordó que ese instrumento compila la información de personas que han sido sentenciadas por maltrato contra animales a nivel federal y en las entidades federativas.
La instancia que lo administre, debe establecer convenios de colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y las procuradurías en su tipo en las entidades de la República y la Ciudad de México, así como con la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías de justicia estatales, con el fin de compartir información sobre las sentencias señaladas y convenios derivados del procedimiento judicial contra personas que hayan cometido actos de crueldad contra animales.
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La norma establece que el Registro debe incluir el nombre y Clave Única del Registro de Población de la persona que haya incurrido en conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura contra animales.
También, información sobre su residencia permanente o temporal; datos de documentos oficiales como credencial electoral o alguna otra identificación; datos del expediente de inscripción en el Registro, así como la sentencia o resolución que establezca una pena o sanción sobre sus conductas.
Asimismo, debe referir las medidas de atención en salud emocional o por algún trastorno, para evitar la reincidencia o comisión de otro tipo de violencia contra especies animales y contra otras personas.
Recalcó que la ley señala que la información del Registro estará en manos de quien la Secretaría asigne y “por ningún motivo podrá hacer público su contenido”.
En caso de adopción de animales resguardados en refugios, asilos y albergues pertenecientes a dependencias e instituciones oficiales a nivel federal, estatal y municipal, se deberá consultar si la persona que busca acceder a ello, está o no inscrita en el Registro.
La legisladora del Sol Azteca agregó a su propuesta, que la Secretaría de Hacienda destinará los recursos necesarios y suficientes para hacer cumplir las nuevas disposiciones, en caso de que se aprueben.
Redoblar protección a animales
En la argumentación indicó que en el país hay diversas leyes en materia de protección y bienestar animal, que definen el maltrato a ese tipo de especies y contemplan distintas penalizaciones a quien incurra en esa conducta.
No obstante, es necesario afinar los instrumentos legales disponibles para su efectivo cumplimiento.
Agregó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021, más del 69 por ciento de los hogares en el país tenía al menos un tipo de mascotas, lo que significa que existen 80 millones de animales de compañía.
De ese gran número de especies, más de 43 millones son perros, más de 16 millones son felinos y 20 millones más corresponden a otro tipo de mascotas pequeñas.
Sin embargo, la problemática de abandono de mascotas y maltrato animal es preocupante, destacó.
La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), añadió, calcula que en el país, el 70 por ciento de los perros y gatos existentes están en situación de calle y tan sólo en la Ciudad de México, cada año son abandonados cerca de 500 mil perros y gatos, aunado a que esa cifra aumenta 20 por ciento cada año, de acuerdo a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT.
Asimismo, refirió, durante el periodo de estancia en casa, determinado por la autoridad en el año 2000 a causa de la pandemia por COVID-19, se registró un aumento de denuncias por maltrato animal ante instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), que representaron más del 38 por ciento de los expedientes de investigación.
Los principales motivos de denuncia fueron falta de alimentación, condiciones inadecuadas de vida, encierro y confinamiento en espacios reducidos y a la intemperie, falta de higiene y violencia física.
La parlamentaria agregó que la situación del maltrato animal es sumamente preocupante, porque las agresiones y violencia contra esas especies, son un antecedente de violencia y conductas antisociales que eventualmente se cometen contra otros seres humanos.