Las organizaciones que integran el colectivo “Ejército Espía” pusieron en evidencia que ha transcurrido un año del más reciente ataque digital perpetrado en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), mediante el uso del software espía Pegasus y, pese a que la denuncia fue debidamente presentada, al día de hoy no se han dado pasos relevantes para la investigación y sanción de estos actos.
La impunidad por el uso abusivo de esta tecnología ocurre en un contexto en el que Artículo 19, Social TIC y la Red de Derechos Digitales (R3D) han documentado al menos 5 casos similares de 2018 a la fecha, que se suman a las decenas de casos ocurridos en el sexenio pasado. Frente a todas estas denuncias, lo que ha prevalecido es la impunidad.
Cabe recordar que, a finales de 2022, el Director y la Coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, recibieron correos electrónicos en los que la empresa Apple les notificó que sus teléfonos habían sido vulnerados por “atacantes patrocinados por un Estado”.
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Por ello, en 2023, el Centro Prodh, acompañado por Artículo 19, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC denunció este nuevo ataque, que se suma al que había sido denunciado en 2017.
Las organizaciones reiteraron que la evidencia apunta a que el uso de Pegasus está vinculado a las instituciones castrenses, en un entorno en que a éstas se le han dado excesivos poderes, sin que existan controles civiles externos capaces de garantizar que haya rendición de cuentas.
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Como ocurre en el presente caso, en donde la SEDENA ha mentido y ocultado información a la Fiscalía General de la República sobre los contratos de adquisición de Pegasus y sobre el Centro Militar de Inteligencia (CMI) -usuario final del sistema-, desacatado decisiones definitivas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El uso impune de Pegasus en México, es preciso recordar, ha despertado la preocupación de las instancias internacionales de derechos humanos.
Así, en junio de 2023, condenaron el espionaje y llamaron a una investigación la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatora Especial sobre el derecho a la privacidad, concluyeron.