En la Cámara de Diputados dejaron pendiente nuevamente, la discusión de la minuta con vencimiento de plazo, con reformas al Código Penal Federal y adiciones a la Ley General de Salud, en materia de terapias de reconversión.
El proyecto que establece sanciones de 2 a 6 años de cárcel y multas de mil a 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, y hasta 12 años de cárcel como pena máxima, cuando las conductas sean cometidas contra personas menores de edad, adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad, fue frenada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), acusó la integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Clemente García.
Posponen debate sobre terapias de conversión
Al finalizar la sesión ordinaria de este miércoles en San Lázaro y en vista de que el asunto se quedaría al filo de la discusión, la congresista pidió utilizar la palabra desde su curul, para pronunciarse al respecto.
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Hizo notar que el punto quedó como el último del orden del día que incluía otros 17 asuntos previos por tratar y que nuevamente se quedó formado en la lista de pendientes, ya que la sesión ordinaria cerró aproximadamente a las 17:00 horas.
La integrante de Morena aseveró que la bancada panista está bloqueando el proyecto aprobado previamente en el Senado y que quedó pendiente de discutir en el Pleno desde diciembre pasado.
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Ello, porque sus integrantes son “hipócritas” y “anti derechos”.
La legisladora aprovechó el momento para señalar a la candidata presidencial del PAN y partidos aliados de oposición, Xóchitl Gálvez, como la abanderada “anti derechos”.
En contraparte, aseguró que la contendiente presidencial de su partido y aliados, es la “candidata de los derechos”.
También arremetió directamente contra el coordinador del albiazul.
“Que el diputado Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PAN, partido de Xóchitl Gálvez, ha incumplido hoy su palabra de promover la votación del dictamen para prohibir las terapias de conversión (…) de la votación de dictámenes y lo mandó al número 18”, enfatizó.
“Una vez más como ocurrió el 13 de diciembre de 2023, termina la sesión antes de discutir este dictamen. ¡Es el PAN el partido anti derechos, es Xóchitl Gálvez la candidata anti derechos!”, se quejó la diputada García Moreno.
Minuta que prohíbe terapias de conversión
El documento que los diputados federales pospusieron, señala que la norma penal contemplará un capítulo sobre “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas", integrado al Título Octavo, referente a los Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad.
Agrega que se penalizará con 2 a 6 años de prisión y las multas de mil y hasta 2 mil UMA, al que “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
La sanción máxima será de 12 años, cuando la persona sometida a esos procedimientos sea menor de edad, adulto mayor o tenga algún tipo de discapacidad.
Aunado a ello, si los infractores son el padre, madre o tutor de la persona, se aplicará sanción de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.
La pena máxima de 12 años también aplicará cuando la persona que incurra en las conductas descritas, tenga con la víctima relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique subordinación de la víctima; que se valga de la función pública para cometer el delito; y cuando se utilice violencia física, psicológica o moral contra la víctima.
El funcionario que resulte involucrado, dicen los cambios, será destituido e inhabilitado para ejercer puestos públicos hasta por un plazo igual de la pena que se le imponga. Si reincide, quedará inhabilitado definitivamente.
Agrega que sólo se requerirá la presentación de una denuncia para iniciar las investigaciones.
Los ajustes a la Ley General de Salud apuntan que las personas profesionales, técnicas o auxiliares del ramo, relacionadas con prácticas en las que se realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas, operaciones o de otra índole, para obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género, serán penalizados en los términos descritos.
También, quedarán suspendidas del servicio profesional entre uno y tres años. Si reinciden, se les cancelará la cédula profesional y se les prohibirá en definitiva ejercer la profesión.