La extracción, distribución y almacenamiento de agua potable cuando no se cuente con el permiso, licencia y concesiones de ley, debe ser penalizado, se propuso desde la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados.
La legisladora María Guadalupe Román, planteó cambios al Código Penal Federal, para añadir un capítulo en materia de Delitos contra el Servicio Público del Agua Potable.
Las disposiciones prevén penas que van de dos a seis años de prisión y distintas multas, por abusos con el manejo del agua.
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Sanciones por abusos con el agua
Román Ávila indicó que ante la falta de legislación penal que impida abusos con el recurso hídrico, consideró necesario que se tipifique e impongan sanciones de dos y hasta seis años de cárcel y multas de 50 a 200 días, a quien distribuya o suministre agua potable a través de pipa u otros medios de almacenamiento, sin contar con los permisos de distribución y la evaluación correspondiente, emitidos por la autoridad.
Asimismo, pidió sancionar con uno y hasta tres años de prisión, y multas de 25 a 100 días, a quien extraiga u obtenga agua de una fuente de abastecimiento, distinta a la autorizada.
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Solicitó castigar con dos y hasta seis años de cárcel, y con multas de 50 a 200 días, a quien sin causa justificada altere, impida o restrinja de cualquier forma, el flujo del agua destinado al suministro a usuarios.
Propuso sancionar con dos a seis años de prisión, y con multas de 100 a 500 días, a quienes sin tener autorización, licencia, concesión o permiso emitido por la autoridad, sustraigan o se apropien del agua potable de la infraestructura hidráulica independientemente del uso que se le destine.
Asimismo, la congresista propuso sancionar con dos y hasta cuatro años de cárcel y aplicar multas de 150 a 300 días, a los propietarios, arrendatarios, poseedores, detendadores o quienes se ostenten como dueños de un predio donde existan tomas de agua potable de las cuales se sustraiga o apropie del recurso proveniente de la infraestructura hidráulica.
La propuesta señala que cuando las irregularidades enumeradas sean cometidas por servidores públicos, los castigos se incrementarán hasta en una mitad, independientemente de las sanciones que procedan por las responsabilidades administrativas en que incurran.
Huachicoleo del agua
En la argumentación, la legisladora indicó que si bien el derecho humano al agua se reconoció en la Constitución desde el año 2012, no hay una ley reglamentaria que permita cumplir las disposiciones que establecen que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Agregó que de acuerdo a la Ley Nacional de Aguas, las faltas relacionadas con la explotación ilícita del agua se sancionan por la vía administrativa, pero es necesario aplicar penas privativas de la libertad.
El ordenamiento vigente establece que alterar la infraestructura hidráulica para la explotación, uso o aprovechamiento del agua o su operación sin permiso, o bien, explorar, usar, aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, se sancionan administrativamente.
Indicó que la crisis del agua que vive el país, debido a la sequía y escasez de agua por otros motivos, ha provocado la proliferación de actividades ilícitas de “robo” y “contrabando” del recurso, que podrían llamarse “huachicoleo de agua”.
Esas acciones involucran el robo del recurso de pozos y perforación de tuberías públicas, que están generando un mercado negro que afecta a miles de personas y en el que están interviniendo incluso miembros del crimen organizado y grupos armados.
Indicó que esos ilícitos se suman a los factores que están provocando el grave desabasto de agua en distintas localidades del país, incluyendo la Ciudad de México.
Como ejemplo del “huachicoleo de agua”, la promovente indicó que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en 2011 se llevaron a cabo 3 mil 346 clausuras de tomas clandestinas, y entre 2012 y 2018, se identificaron 2 mil 280 tomas de ese tipo, en su mayoría en Nuevo León, Jalisco y el Estado de México.
Añadió que de acuerdo a una investigación periodística hecha por el diario El Economista, en conjunto con la organización Connectas, se encontró que entre 2019 y septiembre del 2022, se detectaron 131 mil 603 tomas de agua clandestina en 239 municipios del país, lo anterior, de acuerdo a solicitudes de información pública presentadas ante municipios, organismos locales de agua y fiscalías estatales.
Indicó que tan solo en el municipio mexiquense de Ecatepec, el robo de agua llega a un millón de litros, conforme a estimaciones del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la localidad.